“La paz es un verdadero adiós a las armas“, así se pronunció el jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, al iniciar las conversaciones de paz, entre el Gobierno y las FARC. Las negociaciones se iniciaron formalmente el 6 de noviembre de 2012, en la Habana. Podríamos decir que se trató del primer acuerdo político logrado después de tres intentos frustrados de conversaciones con los gobiernos de Belisario Betancourt, César Gaviria y Andrés Pastrana.

La mayoría de colombianos apoyaron los esfuerzos realizados por el presidente Juan Manuel Santos para negociar el fin del conflicto, que en más de cincuenta años de enfrentamientos, le ha costado a Colombia entre 4 y 5 millones de desplazados, alrededor de 220 mil muertos y más de 25 mil desaparecidos.

Después de cuatro años y siete meses de diálogos, el 26 de septiembre de 2016, en Cartagena, con la presencia del entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y de 15 jefes de Estado de América Latina, se firmó la anhelada paz, de esta forma se puso fin al conflicto armado en Colombia.

Con el acuerdo de paz, los subversivos se comprometieron al desarme, desmovilización y sometimiento a la justicia, además de ruptura total con el narcotráfico; sin embargo, un grupo importante de disidentes –que no plegaron a la dejación de las armas– se organizaron para seguir delinquiendo, ya que resultaba imposible dejar el negocio de las drogas (las 900 toneladas métricas que según la ONU producen, les deja ingentes ganancias); a esto se suman las “desmovilizadas” Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), más conocidas como paramilitares, que formaron organizaciones delictivas y viven del chantaje, secuestro, extorsión, de la minería ilegal y del narcotráfico. A estas organizaciones se agregan las bandas criminales, conocidas como BanCrin, los subversivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Guerrillas Unidas del Pacífico.

Los patrullajes en nuestra frontera, por parte de nuestros militares, son permanentes, a pesar de ello, hemos sufrido enfrentamientos con los subversivos colombianos. En diciembre de 1993, en el río San Miguel, nuestras tropas fueron emboscadas y en el enfrentamiento murieron 10 uniformados ecuatorianos, entre militares y policías; igualmente, en agosto de 2013, hubo otro enfrentamiento en el que fue abatido un oficial de nuestro ejército.

Los hechos señalados demuestran la vulnerabilidad de nuestra frontera. Incluso se han señalado, con la debida oportunidad, las amenazas provenientes de grupos ilegales armados: el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el crimen organizado transnacional y el terrorismo; sin embargo, se hizo caso omiso a estas advertencias y ahora nuestro país es víctima de atentados, ataques, muerte de militares y acciones inéditas en nuestro país, como el reciente secuestro de tres periodistas.

El presidente Moreno se ha visto obligado a señalar que nuestras Fuerzas Armadas y Policía fueron debilitadas en su capacidad operativa y que, desgraciadamente, no se les dotó del equipo y armamento necesarios para enfrentar de manera adecuada esta amenaza y que, además, hubo permisividad con los subversivos.

La fragilidad de la frontera norte y la falta de presencia del Estado se resume en una frase: “Mataje está en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje”. (O)