Luego de la ejecución del policía venezolano Óscar Pérez y, antes, otros crímenes cometidos por integrantes de aparatos estatales y civiles armados por el chavismo, toma sentido aquel estribillo del canto “Venezuela es roja rojita, con mi comandante derrotamos a los fascistas…”. Tanto que el Spiegel Daily, un periódico de la revista Der Spiegel, calificó de El carnicero (Der Schlächter) al dictador Nicolás Maduro. Una lectura que sugerimos al presidente Moreno y a la canciller, para reconsiderar la vergonzante postura con el régimen del dictador.

El autor de la crónica, Dominik Peters, describe el contexto del gobierno de Maduro como sistema para apagar a sus oponentes y suprimir a su gente hambrienta, con la ayuda de los militares. En el caso de Pérez, un rebelde –expiloto– de las fuerzas policiales, fue declarado enemigo número uno del Estado, luego de que meses atrás había robado un helicóptero, disparó al Ministerio del Interior, lanzó granadas a la Corte Suprema y pasó a la clandestinidad reclutando rebeldes que pelean en las montañas alrededor de Caracas. Sin embargo, Pérez fue ubicado por las tropas y habría sido ejecutado luego de haberse rendido. Variados videos compartidos en las redes lo muestran sangrando, armado y ofreciendo entregarse.

En opinión de colegas, entre ellos venezolanos, el triste acontecimiento con ribetes de heroísmo, si medió la rendición de Pérez y sus 7 acompañantes, constituye un crimen de guerra bajo los Convenios de Ginebra. En consecuencia, el Estado venezolano sería responsable de la masacre; los ejecutores, autoridades directas y Nicolás Maduro como autor mediato, tal como fue señalado en su momento Alberto Fujimori en los casos La Cantuta y Barrios Altos, en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El episodio venezolano de este comentario también calza en el precedente del caso de los integrantes del comando Chavín de Huántar, aquellas fuerzas de seguridad peruanas que en 1996 participaron en la operación de rescate de los rehenes tomados cuando se conmemoraba el aniversario del natalicio del emperador japonés Akihito, en la residencia del embajador de Japón en Lima. Los captores fueron los guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La tarea de la tropa concluyó con la ejecución de los alzados en armas cuando ellos ya estaban –hors de combat– fuera de combate, según la confirmación con testigos de la Corte IDH. Para la Corte resultaba apropiado tener en cuenta el artículo 3, que es común a los cuatro convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario consuetudinario, que prohíbe la privación arbitraria de la vida, aun cuando los hechos sucedieron en medio de un conflicto armado interno.

Era sí, legítimo para el Estado, el uso de la fuerza en la necesidad de liberar a los rehenes con vida y, en particular, para asegurar su liberación, pero no se podían irrespetar las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Ello significaba entonces que los miembros del MRTA estaban cubiertos –igual que Óscar Pérez lo estuvo esta semana– por las salvaguardas de los cuatro convenios de Ginebra, pues los insurrectos peruanos ya no oponían resistencia. Óscar Pérez y sus compañeros también estaban en situación hors de combat, señor presidente. (O)