Los jóvenes y la consulta popular

Domingo, 14 de Enero, 2018 - 00h12
14 Ene 2018

Mediante maniobras legislativas, a finales de noviembre de 2015 el correísmo impuso varias reformas a la Constitución, avanzando en la edificación de una institucionalidad autoritaria, se restringieron derechos, se garantizó la impunidad para actos de corrupción y, sobre todo, se buscó la continuidad de su proyecto en el poder a través del establecimiento de la reelección indefinida. A diferencia del pasado, una decisión política de alto nivel se adoptó a través de un grupo de asambleístas de Alianza PAIS. Este 4 de febrero, 13’026.598 ecuatorianos acudiremos a decidir si se sanciona a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes.

La Comisión Nacional Anticorrupción ha calculado en 57 mil millones de dólares el perjuicio al país por los actos de corrupción durante la denominada “década ganada”. Esta cantidad representa más de la mitad de todo lo que produce el país en un año. La corrupción tiene un peso moral y sobre todo material, de alguna forma se la puede cuantificar económicamente: las denuncias del diario brasileño O’Globo señalaron que solo por concepto de coimas, el exvicepresidente Jorge Glas y su tío, ambos en prisión, cobraron 14 millones de dólares. Esta cantidad de dinero representó las siguientes inversiones según el Presupuesto General del Estado del 2016: la Universidad Estatal de Bolívar recibió de presupuesto 15’149.976,00; Universidad Estatal del Sur de Manabí 13’191.415,00. Es decir, la corrupción de Glas y su tío equivalió al presupuesto 2016 de una universidad pública.

No podemos olvidar que la reelección indefinida fue aprobada ilegalmente, mediante enmienda, cuando en realidad era una reforma que requería consulta popular. El correísmo optó por ese mecanismo porque sabía que mediante voluntad popular su propuesta sería rechazada. Respecto al actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la mayoría de sus funcionarios han sido cuestionados por diversos motivos; esta institución debe ser un instrumento de fiscalización a otras funciones del Estado, realidad esta relegada a un mecanismo que garantiza impunidad. Sus consejeros deben rendir cuentas y su salida es un imperativo.

La pregunta número cuatro abarca un problema que ha sacudido nuestra sociedad, y son los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. La realidad expresa que los pedófilos logran encubrir su delito en el dolor de sus víctimas y en otros casos por acuerdos políticos, como se expresó en los últimos meses. A esto se suma que la actual legislación facilita la impunidad, cuando el Estado le dice a una víctima que la agresión que sufrió ya no puede ser juzgada, ni siquiera investigada. Contestando Sí a esta pregunta se evitará parte de esta impunidad.

Fuimos los jóvenes en su mayoría quienes demandamos que el Parque Nacional Yasuní sea conservado; su extensión es de 1’022.736 hectáreas, con una zona intangible de 758.773 ha. Con la aprobación de la pregunta cinco, esta zona intangible quedaría en 820.961 ha. Distante de lo esperado, que era la prohibición total de la explotación. Sin embargo, representa un paso fruto de nuestra lucha.

Respecto a la actividad minera metálica ubicada en la sexta pregunta, es de conocimiento general que provoca: daño de la tierra, liberación de sustancias tóxicas que son absorbidas por los organismos vivos, formación de aguas ácidas, emisión abundante de polvo que afecta la salud de las personas, de los animales y a las plantaciones. Este tipo de industrias no contribuyen significativamente al desarrollo del país en ningún sentido. La séptima pregunta sobre la derogación de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y Especulación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía, trajo un efecto negativo al sector de la construcción: en 23 meses se perdieron 83 mil empleos y la participación de este sector en el PIB bajó del 10% al 8,2%. Los sectores pudientes deben contribuir con el país, para ello es necesario encontrar políticas que en los hechos lo permitan cumplir.

Esta es parte de la realidad que necesitamos conocer, en las últimas elecciones del 2017 la población comprendida entre los 16 y los 30 años de edad constituyó aproximadamente el 35% del padrón electoral; de este rango los votantes entre 16 y 18 años, que contaron con voto facultativo, representaron aproximadamente el 5%. Los jóvenes en esta ocasión vamos a enfrentar una responsabilidad directa con el Ecuador y no con un político (candidato) en específico. El voto por el Sí en la consulta es una forma de expresar el rechazo a la corrupción y abuso de poder. No es regresar al pasado; es el pasado el que busca que la actual realidad no cambie. (O)

No podemos olvidar que la reelección indefinida fue aprobada ilegalmente, mediante enmienda, cuando en realidad era una reforma que requería consulta popular. El correísmo optó por ese mecanismo porque sabía que mediante voluntad popular su propuesta sería rechazada.

Los jóvenes y la consulta popular
Mediante maniobras legislativas, a finales de noviembre de 2015 el correísmo impuso varias reformas a la Constitución, avanzando en la edificación de una institucionalidad autoritaria, se restringieron derechos, se garantizó la impunidad para actos de corrupción.
2018-01-14T00:12:52-05:00
El Universo

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