Muchas personas apelan al realismo político para encontrar explicaciones a las decisiones del presidente de la República. Sostienen que es un gobierno asediado, que Lenín Moreno no controla a su propio partido y no cuenta con el equipo político adecuado para gobernar. Añaden que la ruptura con Correa se precipitó y le obligó a desarrollar acciones que no estaban previstas o que debían producirse mucho más tarde. Concluyen afirmando que el correísmo no es solo una amenaza fantasmal y que la situación económica heredada le deja un estrechísimo margen de acción. En definitiva, debilidad sería la palabra que permitiría comprender las contradicciones evidentes a lo largo de los primeros seis meses de gestión.

Sí, en efecto, todas esas son verdades, pero eso no quiere decir que la conclusión sea acertada. Por lo menos, no lo es como justificación de una serie de errores y contradicciones que viene cometiendo el presidente Moreno. Al contrario, son hechos que incrementan su debilidad y que no solo dibujan un círculo en el que se va encerrando peligrosamente, sino que lo asemejan cada vez más a las peores prácticas del Gobierno anterior. Un claro ejemplo es la aceptación de la renuncia del presidente del Consejo Superior del IESS, en lugar de acatar la destitución determinada por Contraloría. Por esa vía volvemos a la burla a las instituciones y a la aberración de ocultar los actos impresentables e incluso ilegales de los amigos. Si quiere evitar el costo político, que era lo que buscaba su antecesor, ya sabe dónde puede terminar.

Otro ejemplo está en la pasividad del presidente frente a las declaraciones del secretario Mangas. La medida mínima e inmediata para garantizar la salud y la sanidad de su gobierno debía ser su separación inmediata. La gravedad de sus afirmaciones sobre el ocultamiento de hechos de corrupción que conocían perfectamente ya sería suficiente razón para agradecerle por sus servicios. A eso se suma su confesión sobre el uso del diálogo como instrumento de engaño (aplicación del pendejómetro, en términos criollos), que erosiona la credibilidad presidencial, que es su activo más importante. A lo anterior se añaden los traspiés en el campo económico, donde mantiene un equipo que solamente busca continuar la política correísta y, él mismo, por cuidar los niveles de aceptación que arrojan las encuestas, evita tomar decisiones.

Pero el error de bulto, que le pasará factura al país por largo tiempo, es el contenido de la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana en la consulta popular. Es innegable que se debe eliminar ese armatoste que estatizó la participación y facilitó la concentración de poderes, pero la consulta no apunta a ese objetivo. La aprobación de esa pregunta agudizará el problema. El Consejo seguirá existiendo y, mediante la configuración de las ternas, el presidente tendrá las manos libres para conformarlo a su antojo. Si al Gobierno anterior se lo cuestionó por su intromisión en los otros poderes y por el manoseo institucional, no hay razón para aprobar similar comportamiento en este. No, la debilidad no es justificación válida. (O)