Por estos días se consagra una nueva práctica en la historia del caudillismo político latinoamericano, una ley que prohíbe ejercer cargos públicos a quienes tengan bienes en “paraísos fiscales”. Una oscura maniobra disfrazada con retórica justiciera y vendida incluso –para colmo de desfachatez– como vacuna contra la corrupción, que solo busca sacar del juego electoral a una persona, a costa de recortar la libertad de todos los ciudadanos. Alianza PAIS pretende así el destierro político de su principal adversario, de forma solapada e inconstitucional.

Según esta nueva ley, cualquiera de nosotros quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, o siquiera participar en una elección, por el mero hecho de ahorrar o invertir en un país que el SRI encasille como “paraíso fiscal”. Que hayamos pagado todos nuestros impuestos, o que el origen de tales recursos sea lícito, da igual: te conviertes en un intocable por preferir un destino que ellos consideran blasfemo. Mientras, una persona que ha sido nombrada en los audios de Odebrecht, que ha atraído una caterva de delincuentes a la función estatal y ha malgastado miles de millones del erario fiscal –cualquier parecido con la realidad no es coincidencia– podrá seguir como funcionario público –incluso reelegirse indefinidamente–.

Resulta discriminatorio que se estigmatice a una persona por sus preferencias a la hora de invertir o ahorrar. La Constitución es clara en su artículo 11: Nadie podrá ser discriminado por ninguna razón que tenga por resultado menoscabar “el goce o ejercicio de los derechos”. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos es más minucioso todavía: el derecho a “ser elegido” y de acceder a “funciones públicas” puede restringirse “exclusivamente” por razones de “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental”.

Señala dicho apartado de la Convención además que no se podrá privar a nadie de sus “derechos políticos” sin que medie “condena, por juez competente, en proceso penal”. ¿Cómo es posible entonces que aquí se expulse de la arena democrática a quien no ha cometido ningún delito? ¿Dónde quedó la presunción de inocencia?

No se debía aprobar –como sucedió– cualquier mamotreto enviado desde Carondelet bajo el pretexto de cumplir con el dictado de las urnas.

Por otra parte, el derecho a la seguridad jurídica también se extinguió en este producto legislativo. El SRI se convierte en un zar electoral. Dictamina quién puede ejercer cargos públicos con solo reformar una mera circular. Y resulta que el director de dicha entidad es designado por el presidente de la República. Es decir, todo dependerá del ánimo de un sujeto sometido a la influencia del partido gobernante.

Dicha reforma tampoco es legítima solo por derivarse de una consulta popular. Por la misma razón que no aceptaríamos el resultado de un referéndum que apruebe la pena de muerte. Porque los derechos humanos y las libertades fundamentales –como el derecho a la vida, o los derechos de participación democrática– no se encuentran sometidos a mayorías electorales pasajeras. El legislador tiene la obligación de adecuar cualquier mandato plebiscitario a la Constitución y tratados vigentes. No se debía aprobar –como sucedió– cualquier mamotreto enviado desde Carondelet bajo el pretexto de cumplir con el dictado de las urnas.

Y para nadie es secreto que esa ley busca impedir a Guillermo Lasso participar en futuras contiendas electorales bajo un pretexto ridículo: ¡Por haber realizado una inversión en el extranjero de forma transparente y sin afán evasor! Eso constituye un uso arbitrario de instrumentos de participación democrática con dedicatoria evidente. Una movida siniestra en la que participó todo el aparato de propaganda estatal. Dulce paradoja que para aprobar la reelección indefinida Rafael Correa no haya querido preguntar al pueblo, mientras en este asunto le afloró la vena plebiscitaria.

Un nuevo golpe de gracia al Estado de derecho, que mediante el cacareado cliché de la lucha contra los paraísos fiscales nos termina de convertir en un infierno democrático. Porque a partir de ahora, si el origen de tu patrimonio es legítimo o no, si robaste o no, si evadiste impuestos o no: a nadie importa. Eres un paria político siempre que elijas un destino de ahorro o inversión incompatible con los prejuicios ideológicos o los intereses electorales del partido gobernante. Quedas condenado al destierro. (O)