No es coincidencia que las acusaciones recientes a funcionarios públicos se hayan dado en varios países de Latinoamérica, donde las condiciones económicas y legales son un caldo de cultivo para la corrupción. El economista Gary Becker, de la Universidad de Chicago, decía que si bien es muy difícil eliminar la corrupción, existen formas de reducir las tentaciones.

Para Becker, la forma de reducir la corrupción es separando de forma drástica el papel del Gobierno de la economía. Cuando los funcionarios empiezan a lidiar con compañías privadas, teniendo muy de cerca la compra y venta de bienes y servicios, como petróleo o servicios de construcción de obras públicas, tienden a caer en estas tentaciones. En la mayoría de los casos estas acciones implican sobornos u otros pagos ilícitos a funcionarios para obtener contratos gubernamentales o evitar la competencia, como es el caso de las nuevas plataformas de servicios de transporte particular.

La cercanía de sectores económicos con el Gobierno, en los cuales existe una corrupción generalizada, no solo logra la pérdida de confianza entre gobernante y gobernado, sino entre funcionarios del mismo gobierno, porque el ambiente se vicia y esto lleva a personas honestas y éticas a sucumbir: “Si yo no robo, mi compañero lo hará. Mejor llevo yo”.

El abogado y juez Richard Posner, también de la Universidad de Chicago, dice que “el chantaje y el soborno son similares por cuanto el chantajista y el funcionario sobornado reciben un pago a cambio de no aplicar la ley”. Posner es de la teoría de que la corrupción florece no solo donde la economía está fuertemente regulada, sino donde además el marco legal es débil. Cuanto más regulada esté la economía, las restricciones más fastidiosas crean una demanda de métodos para evitar su cumplimiento, y el soborno es uno de esos métodos. Y desafortunadamente, cuanto más débil sea el marco legal, más difícil será para el Gobierno prevenir estos métodos y requiere una sofisticada maquinaria legal para detectar y castigar prácticas corruptas.

Otro efecto de un marco legal débil es que al menos que exista una maquinaria muy eficaz para la aplicación de los contratos privados (los verdaderos “acuerdos entre privados”), la gente evitará hacer negocios con extraños y la actividad económica tenderá a organizarse sobre la base de las relaciones familiares y de amistades. Los funcionarios harán favores a amigos y parientes, proveerán información privilegiada, o incluso los utilizarán de testaferros para enriquecerse ambas partes (¿el verdadero “milagro ecuatoriano”?). El clientelismo y el soborno se convierten entonces en sustitutos del contrato cuando la ejecución de estos últimos es poco confiable.

Es crucial comprender que el problema de la corrupción va de la mano con un marco jurídico que, lejos de asistir al desarrollo económico, lo frena. Es decir, un marco legal fuerte puede aumentar la eficiencia económica al reducir considerablemente la corrupción.

Para impedir que altos funcionarios, responsables de sectores económicos clave, sucumban a las coimas y otras tentaciones, es imperativo reducir el papel del Gobierno en la economía y fortalecer el marco jurídico del país. (O)