Diez años de Alianza PAIS han desnudado una conducción política que acaba funcionando con una lógica perversa, en el sentido del diccionario académico que define lo perverso como aquello “que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas”. Este Gobierno ha hecho de la ley un mecanismo para imponer su sola perspectiva de país; aunque ahora se oyen reclamos ofendidos que piden respeto en la caracterización que se le da a nuestro sistema de justicia, muchos ciudadanos perciben que la Función Judicial también ha sido utilizada para encubrir (“impedir que llegue a saberse algo”) a los nuevos ricos y poderosos.

Alianza PAIS ha implementado muchas leyes como herramientas para la represalia, para desquitarse de ciertas situaciones en las que no pudo obtener lo que quería, incluso pisoteando su propia Constitución. La ley ha sido concebida para favorecer a quienes han accedido al poder público. Lo que vivimos en estos momentos de descomposición del régimen de Alianza PAIS es justamente resultado de la comprensión de que la ley los convertía en intocables. Por ejemplo, en otros países, una ley de cultura se dicta para estimular procesos creativos justamente para impedir que los poderosos determinen y ordenen el rumbo de las manifestaciones artísticas.

En el Ecuador, en cambio, la Ley de Cultura burocratiza a los actores culturales y las instituciones oficiales se autoimponen consignas e incitan a la censura: en la visión perversa del correísmo, en el ámbito cultural el cuestionamiento está prohibido y la reflexión crítica no debe enfocarse en los gobernantes. Una ley de universidades, que podría haber regulado dinámicamente un sistema de educación superior que necesitaba remozamientos y novedosas exigencias, ha sido utilizada como mecanismo para acallar, por la vía del control de las rentas, a la universidad ecuatoriana y para hacerla funcional a los intereses tecnocráticos del capitalismo de hoy.

En la lucha por conseguir una sociedad más justa y más equitativa –empeño en el que podría coincidir el ciento por ciento de los ecuatorianos–, el espíritu de las leyes correístas se ha movido en el propósito de humillar, encarcelar, someter, silenciar y aniquilar a aquellas personas y organizaciones que han levantado una voz diferente y contraria a la del régimen. Por esto, una reciente publicación, El delito de expresarte: nueve lecturas críticas sobre la Ley de Comunicación (Quito, Fundamedios, 2017), puede ser leída como un testimonio más de la perversidad de las leyes correístas y como una historia de terror sobre el nivel de arbitrariedad de nuestras autoridades.

Francisco Barbosa, uno de los colaboradores del libro, señala que la Ley de Comunicación “se ha convertido en un instrumento del poder para construir una opinión a la medida del poder, sin crítica”. El estudio prueba, con mediciones de casos concretos, que ha sido el Gobierno Nacional –y no los ciudadanos, a quienes esta ley supuestamente quería empoderar frente a los medios– quien ha usado y abusado de esta normativa con el propósito de meter miedo entre quienes se esfuerzan por investigar la verdad. ¿Qué calificativo puede recibir un gobierno que hizo de la ley el dispositivo de venganza del nuevo rico y poderoso? (O)