Considero que toda la ciudadanía ecuatoriana, electores y elegidos, estamos necesitando una información que, lamentablemente, no disponemos y se va convirtiendo en urgente, a medida que se avecina el proceso para elegir a nuestros representantes nacionales y seccionales, en las elecciones previstas para el año 2017.

Invito a realizar un gesto de preparación cívica: localice su Constitución, desempólvela si fuera menester, y ábrala en la página en la que pueda leer el artículo 112, que se refiere a los candidatos a elección popular, que pueden ser propuestos exclusivamente por partidos y movimientos políticos debidamente inscritos o sus alianzas.

Allí, con claridad y sin lugar a dudas, en el segundo inciso podrá leer y recordar, ojalá para no olvidar, que al solicitar la inscripción quienes postulen su candidatura presentarán su programa de gobierno y sus propuestas.

¡Eso es! Estamos en condiciones de pedir y recibir de las respectivas autoridades electorales las copias de esos programas y propuestas o al menos el lugar donde podamos localizarlas si se encuentran en sus archivos electrónicos, de todas aquellas personas, elegidas por votación popular, que habiendo ejercido funciones de gobierno o administración, están al terminar los periodos para los cuales fueron elegidas.

Semejante información nos servirá para determinar el grado de cumplimiento de sus ofertas e incluso compararlas con sus informes oficiales, si es que se han producido por escrito y puesto en conocimiento de la ciudadanía.

¿Qué ofrecieron los integrantes de la Asamblea Nacional, el presidente y vicepresidente de la República, los integrantes de los gobiernos autónomos descentralizados: provinciales, cantonales y parroquiales?

¿Qué grado de cumplimiento han tenido?

¿En sus informes periódicos han explicado detalladamente las razones de sus éxitos o fracasos y si la responsabilidad de los incumplimientos las aceptan con dignidad o la atribuyen a la falta de cumplimiento de las obligaciones de otros órganos de Gobierno?

Si esta gestión de control del cumplimiento de deberes y obligaciones, que corresponde honrar a quienes son elegidos por votación popular, no la realizan los funcionarios públicos responsables de esa tarea o no nos la hacen conocer, y tampoco cumplen esa gestión los partidos y movimientos políticos rivales, no nos queda más a los integrantes de la ciudadanía, sin afiliación política, interesados en el tema, que hacerla por nuestra cuenta.

¿Estoy equivocado?

Si nos decidiéramos a realizar tamaña gestión, bien haríamos en unir fuerzas con otras personas interesadas en el tema, pues semejante tarea, en solitario, debe ser ardua y de mucha constancia; mas, su realización nos acreditaría como personas que realmente ejercemos los derechos que nos confiere la ciudadanía.

Al final de la tarea podríamos tener sorpresas agradables porque sí se han cumplido programas de gobierno ofrecidos, y también otras desagradables, en casos de incumplimientos.

Esto nos serviría para saber en quiénes se puede confiar y en quiénes no, en las próximas elecciones y evitar reelecciones indebidas.

¿Conviene conocer certificadamente si los funcionarios elegidos por votación popular han cumplido sus ofertas electorales? ¿Sería tan amable en darme su opinión? (O)