Ítalo Sotomayor Medina

El 26 de octubre de 2005, el Dr. Nicolás Parducci Sciacaluga publicó en su acostumbrada columna semanal de EL UNIVERSO un artículo al que tituló ‘¿Degradación jurídica?’. En él exponía, en breves comentarios, cómo las autoridades nacionales, al encontrarse envestidas de supuestas potestades políticas, legitimaban sus acciones en claro desmedro a nuestro ordenamiento jurídico. Pese a que el mencionado artículo fue publicado hace más de diez años y evidentemente las normas, funcionarios, instituciones y el poder político no son los mismos, sus aseveraciones continúan vigentes y claramente evidencian que el Dr. Parducci no se equivocó.

Aunque la historia reciente del país nos ha enseñado en más de una ocasión cómo desde Carondelet, desde la bancada oficialista de PAIS en la Asamblea Nacional y desde cualquier otro estamento público afín al Gobierno degradaron las normas, le propongo, estimado lector, varios ejemplos no solo de “degradación jurídica”, sino especialmente de “fraude constitucional”:

- Cuando expidieron la Ley de Comunicación, convirtiendo a la comunicación en servicio público, despojándolo de su esencia de derecho de libertad. Se equivocaron, despreciaron a la Constitución.

- Cuando al aprobar las reformas constitucionales, restaron de las atribuciones de la Contraloría General del Estado la de realizar auditorías de gestión a las entidades que manejan recursos públicos. Hicieron mal, maltrataron la Constitución.

- Cuando desde la Ley Orgánica de Justicia Laboral colocaron un techo al derecho de los trabajadores a percibir utilidades. Se equivocaron, despreciaron a la Constitución.

- Cuando limitaron el derecho de participación política, al recortar las posibilidades de convocatoria de consulta popular propuesta desde la ciudadanía y lo dejaron al libre albedrío de la Asamblea Nacional. Hicieron mal, maltrataron la Constitución.

Lo antes descrito se convierte en breves ejemplos en los que el oficialismo se ha equivocado en clara contradicción a la voluntad constitucional y de los intereses que perseguimos como república. Los actos de la supuesta revolución que por sí sola se llamó ciudadana, sin duda, han ocasionado un verdadero “fraude constitucional”. Cada vez que utilizaron a la Constitución en la forma no prevista por el constituyente la falsearon, la despreciaron. En esa línea, siempre resulta útil recordar las palabras del profesor español Pedro de Vega García, que con claridad meridiana sentencia lo siguiente: “¿Pueden el ordenamiento y la legalidad constitucional servir de cauce para su propia destrucción? O, lo que es lo mismo, ¿cabe legalmente hablar de la existencia del golpe de Estado constitucional?”.

Dicho esto e intentando sustraer por un momento el entorno reflexivo propio del Dr. Parducci, le consulto, estimado lector, lo siguiente: ¿Hasta cuándo nuestros actuales gobernantes seguirán desconociendo el entorno ideológico de nuestros derechos? ¿Podemos continuar conviviendo bajo un régimen en el que la supremacía constitucional ha dejado de distinguirnos como estado de Derecho? Juzgue usted, estimado lector.

*Abogado. (O)