La que termina ha sido una semana harto movida políticamente hablando, signada por la pugna entre el régimen y algunos estratos militares en servicio pasivo por la disputa del dinero que recibió el Issfa por la venta de un predio con supuesto sobreprecio, con la curiosa consecuencia de que una falta tan grave –si es que esa falta existe, porque nadie ha dicho que la haya– no ha ocasionado ninguna sanción, no digamos penal o administrativa, ni siquiera política a los actores del convenio. ¿Quién entiende una cosa así? ¿Sabemos quiénes son los responsables gubernamentales del entuerto –porque no ha de ser una sola persona– y qué ha pasado con ellos?

En los primeros días en que se difundió la noticia de ese conflicto, un grupo respetable de ciudadanos que realizan actividades sociales y cívicas y que tienen reuniones semanales, me invitó a analizar el problema desde una perspectiva de pura ciudadanía y mis primeras conclusiones, expresadas entonces y que no han variado, fueron que debieron darse dos pasos esenciales: solicitar un avalúo municipal actualizado del inmueble para tener un precio referencial que sirviera de guía, sopesando su valor presente y su estimación futura, y también la necesidad de que existiera un pronunciamiento judicial para deshacer el contrato si eso es lo que deseaba la parte que se creía perjudicada con la negociación.

Esta columna no es el foro apropiado para hacer un examen jurídico profundo del tema, pero sí es el lugar para decir que no debe ni puede haber prepotencia en la resolución de los conflictos que atañen a dependencias estatales o paraestatales porque nadie, ni el presidente de la República ni el más humilde ecuatoriano, está por encima de la Constitución y de las leyes.

Muchos rumores corrieron en la semana que decurre con ocasión de este conflicto y había quienes batían palmas porque suponían que la disputa pública era el anuncio de que se avecinaba el término del mandato correísta, con lo cual –lo he dicho muchas veces– estoy en total desacuerdo por varias razones, entre otras, porque aunque vivamos en un régimen autoritario, como lo prueba precisamente el caso que me ocupa, si se quiere terminar con las arbitrariedades no ha de ser con otra arbitrariedad que se busque su fin sino con los recursos y procedimientos que la Constitución de la República establece como se está haciendo en Brasil, a pesar de que quienes ven que puede llegarles una sanción por la aplicación del rigor de la democracia no reconocen sus abusos y argumentan –y argumentarán siempre– que se trata de un golpe de Estado.

América Latina ya superó aquellas etapas de permanente convulsión política en que a nadie llamaban la atención los gobiernos de facto que lucían uniformes y botas o que vestían de civil y que se sacrificaban por la patria, porque el asalto al poder por vías extraviadas aunque siga siendo una tentación para algunos políticos de la vieja escuela, está proscrito de la mente de la mayoría de los ciudadanos. Además, el régimen en funciones debe asumir la responsabilidad de los datos que entregará a su sucesor sobre el manejo del Estado, en especial las cifras sobre el estado general de la debilitada economía, la deuda pública interna y externa, el desempleo mayúsculo, el alza del costo de vida, la inflación y otros rubros que no podrá eludir pues esa es su obligación democrática.

Volviendo al Issfa, con la decisión presidencial del débito a sus cuentas se quiebra el espinazo a la institucionalidad, que por cierto está lesionada desde hace un largo rato. (O)