Por: Andrés Burbano de Lara
La industria ecuatoriana de software existe desde hace más de 30 años. Somos 500 empresas mayoritariamente pequeñas y medianas que generan empleo para 15.000 personas y reportan ingresos por $ 540 millones y exportaciones a todo el mundo por $ 50 millones anuales. Usted leyó bien, en Ecuador se producen sistemas de primer nivel que compiten a nivel mundial. El Gobierno actual acertadamente nos nombró como industria estratégica y parte del cambio de la matriz productiva y durante estos años hemos trabajado con varias instituciones del Estado para fomentar nuestro sector. Sin embargo, los resultados son pocos.
El año pasado, el Gobierno envió a la Asamblea Nacional el Código Ingenios, una ambiciosa iniciativa que busca reemplazar la actual Ley de Propiedad Intelectual y crear un sistema gubernamental que oriente y guíe la creación del conocimiento, la creatividad y la innovación. Una ley en la que se debía encontrar nuestro sector, sin embargo y lamentablemente ese no es el caso; por un lado se crea una especie de impuesto a la innovación por el que se debe pagar el 10% de las ventas de los productos desarrollados por cualquier empresa a sus empleados y contratistas, lo cual considerando el margen neto de la mayoría de nuestras empresas, que está en el rango del 8 al 12%, nos quebraría automáticamente. Adicionalmente, el Estado decide no comprar a la industria ecuatoriana de software y dispone la compra obligatoria y exclusiva de software de código abierto que en su mayoría es extranjero. Nosotros pedimos eliminar la obligatoriedad y exclusividad y que se hable de una priorización, empezando por la industria ecuatoriana de software, sea propietaria o de código abierto y que esto aplique al sistema educación, entre otros, también.
Por otro lado, en el código se otorga una exoneración del impuesto a la renta durante 5 años a estas empresas de software de código abierto; en vez de otorgar a todo el sector ecuatoriano de software como lo hacen otros países de la región, como Uruguay o Argentina. En resumen, en vez de arrancar por la industria ecuatoriana de software y después por modelos de negocio como el software de código abierto, en la nube o arrendamiento, que son perfectamente válidos, en el código no existe ni un solo incentivo, ni siquiera una mención a la industria ecuatoriana de software.
En este año, la planificación estratégica de nuestro sector se ha reducido a sobrevivir y defender los puestos de trabajo, sin embargo con este proyecto de ley nuestra existencia y competitividad se ven seriamente afectadas. El Gobierno debería cumplir con su responsabilidad constitucional de facilitar la incorporación del país a la sociedad del conocimiento, y de ser coherentes con la acertada designación que hicieron a nuestro sector hace algunos años, reformando los términos en que fue concebido Ingenios y promoviendo el crecimiento de una industria de la que dependen directamente 15.000 ecuatorianos.
* Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Software. (O)
