No conozco el texto de reforma laboral enviado por el Gobierno a la Asamblea Nacional para su aprobación como ley de la República, pero por las noticias de prensa se sabe que se trata de un proyecto que persigue, entre otras cosas, la no disminución del empleo o sea preservar por lo menos las plazas existentes al día de hoy, mediante facilidades a los empresarios que están pasando momentos duros, al mismo tiempo que se protege a los trabajadores para que no se queden en la calle. Solo eso, digo yo, pues sería demasiado ambicioso suponer que se van a reactivar miles de brazos caídos en capacidad de trabajar, lo cual depende de muchas otras cosas, no solo de una simple norma de naturaleza transitoria o temporal que, aunque tenga este carácter, necesita ser apoyada por todos, por empleados y empleadores, para beneficio general de la población.

Cada vez que se propone algo en el tema laboral hay partidarios y detractores de las medidas, y esta ocasión no es la excepción: hay gente que piensa que se trata de una precarización de las condiciones de trabajo en beneficio de los patronos: la desregulación del mercado laboral permitirá, dicen, mayores ingresos a los empresarios en detrimento evidente de los obreros, lo que me parece un razonamiento raquítico pues lo que se persigue, creo entender, es que no desaparezcan algunas fuentes de trabajo, aunque no sean las ideales, ante una situación de la economía de diagnóstico preocupante a pesar de la poco inteligente postura del régimen que sostiene, por boca de muchos de sus voceros, que no hay crisis en el país.

A estas alturas del régimen creo que varios de sus panegiristas se lamentarán por la ligereza de su actuación en el pasado al haber aumentado rigideces a los convenios laborales, como aquellas de suprimir el contrato a plazo fijo, tan necesario en algunas actividades, por ejemplo, la construcción y otras tareas que no son permanentes, o el pacto por horas o la reducción de la jornada según el caso.

Al Estado le corresponde vigilar que no se cometan abusos contra el trabajador, a quien se ha considerado siempre como la parte débil en la relación contractual, por lo que la propia ley establece que los jueces interpretarán las normas, en caso de dudas, en el sentido que más favorezca al laborante, pero resulta obvio que las estrictas normas del trabajo tendrán que ser menos duras para ambas partes cuando, con el mismo criterio de protección, se trata de impedir que un jefe de familia se quede sin empleo.

Además, hay que tener presente que la baja que se viene dando en el número de gente con trabajo tendrá su inevitable repercusión en el consumo de todo tipo. La afectación es para toda la cadena, desde la producción inicial hasta el consumo final. Si no hay ingresos no puede haber egresos sin endeudarse, menos en una sociedad sin cultura del ahorro.

Para que no se creen falsas expectativas, debe quedar claro que el propósito del proyecto es sostener el empleo, no crear nuevos, para esto es insuficiente puesto que para generar otros puestos de trabajo adicionales a los existentes se requiere que haya nuevas inversiones, que aumenten las empresas, grandes y pequeñas: ellas son las que darán trabajo y a ellas es que hay que atraerlas, aunque no será fácil después de varios años de miopía en que el Gobierno ha actuado desmotivando al sector privado y mirándolo por encima del hombro, no como su amigo sino como su adversario. (O)