Cuaresma para los cristianos es tiempo propicio para examinar la vida personal y, en consecuencia, tiempo para reorientarla a la honra de Dios; honra que tiene una concreción visible: el servicio a la sociedad. Tendemos a ver manchas fuera y luces en torno de nosotros. Por el contrario, Benedicto XVI y Francisco aceptan y quieren corregir manchas, algunas criminales, en un porcentaje del clero (¿el 5%?). No recriminan a quienes, después de decenas de años, acusan también a indefensos difuntos, para recibir “compensación” económica. Los sacerdotes ministros deben vivir más cercanos a Cristo, el único luminoso, y reflejarlo mejor. Benedicto XVI y actualmente Francisco piden tolerancia cero y exigen a autoridades eclesiásticas colaborar con la justicia.

Los miembros de una sociedad tenemos derechos y deberes relativos a la creación, al cuidado y al uso de bienes para su destino específico. Los administradores, también eclesiásticos, deben cuidar como propios los bienes a ellos confiados y usarlos solo para su finalidad específica. La investidura religiosa no suple informaciones documentadas; es una exigencia más de ser ejemplo de diafanidad.

El artículo 231 de la Constitución –recogido de la anterior– manda que quienes administren bienes públicos deben declarar bajo juramento sus bienes. Esta declaración no debería molestar y debiera ser controlada oportunamente. La autoridad moral de los administradores de bienes –también eclesiásticos– se conserva con una información diáfana y fundamentada; y con una administración eficaz. Ya en el Imperio romano, antes de su decadencia, se exigía que “la mujer del César” no solo sea honrada. Además, se exigía que aparezca honrada.

Hay administradores que usan su poder para “curarse en salud” con normas y leyes que mañana los liberen de penas.

Estoy sorprendido por la información, según la que la Asamblea debate un proyecto. El proyecto establece confidencialidad de la declaración juramentada que, según el artículo 231 de la Constitución, deben hacer de sus bienes los servidores públicos.

Personalmente opino que la generalidad de los asambleístas y de las personas que actualmente ejercen autoridad nada deben, nada tienen que esconder; no tienen necesidad de “curarse en salud”.

Ecuador ha dado varios pasos hacia adelante en el concierto de los países. Cito dos: Uno, hacia la equidad en la distribución de bienes. Otro, en la formación de especialistas en algunos campos del saber y de la técnica. A contraluz, Transparencia Internacional nuevamente coloca a Ecuador de entre 167 gradas de corrupción, en la 107. Una posible ley acerca de la reserva de las declaraciones de bienes de servidores públicos privaría a nuestro país del derecho de protestar contra el castigo moral, que nuevamente nos ha infligido esa entidad internacional. La madurez cívica, alejada del infantil recurso “a lo Maduro”, de declararse perseguidos, exige tomar nota de esta calificación. El proyecto deja en la generalidad de los ciudadanos la duda: ¿Por qué quieren ocultar lo que debe ser diáfano? Los asambleístas, recapacitando en tiempo de Cuaresma, alejarán, espero, de los ciudadanos el mal pensamiento de que se quieren ocultar abusos, para evitar penas futuras. (O)