Por: Héctor Gabriel Briceño Montesinos | Venezuela

El 2015 venezolano registró las estadísticas de una catástrofe. El Banco Central de Venezuela (BCV) oficializó la inflación más alta de la historia del país (141%) y la caída del PIB por 7 trimestres consecutivos. Y eso solo hasta septiembre, por lo que falta aún el último trimestre del año, el más inflacionario de todos.

Como es previsible, los efectos de la crisis económica no se hicieron esperar en la arena social y política: la pobreza aumentó 25 puntos para alcanzar a 73% de los hogares, la violencia continuó su senda ascendente robando la vida a más de 27 mil personas, los insatisfechos con el desempeño de la democracia sumaron 13 puntos situándose en 70%, porcentaje idéntico al que evalúa de forma negativa los partidos políticos, según Latinobarómetro.

Así comienza el 2016, un año difícil para los venezolanos en el que, irónicamente, las esperanzas están puestas en la política. Luego de las elecciones parlamentarias de diciembre que configuraron una Asamblea Nacional en total dominio de la opositora alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como nunca antes el destino de Venezuela depende tanto de las decisiones políticas, como de la forma en que estas se tomen.

Y es que en materia económica, el 2015 se caracterizó por la inacción de un gobierno que pospuso el necesario ajuste, tratando de evitar una pérdida mayor de su capital político. Pero pasadas las elecciones el ajuste se hace impostergable. Y aunque las proyecciones no parecen distintas a las del apocalíptico 2015, todo indica que unas mínimas acciones en política cambiaria y fiscal, así como pequeñas modificaciones en el marco jurídico que establezcan reglas claras para la inversión privada, podrían desacelerar la crisis.

No obstante, a estas alturas las decisiones en materia de política económica también demandan (dependen, quizás) para lograr el efecto deseado, un ajuste político paralelo. Esto es: un cambio en las relaciones entre los dos bloques políticos que dividen a Venezuela, que permita el restablecimiento de la mutua confianza y trace un horizonte en el que pueda visualizarse a corto, mediano y largo plazo una mínima estabilidad y convivencia política pacífica.

Un escenario en el que las políticas públicas aspiren al consenso, o al menos a una mínima oportunidad para ser puesta a prueba sin ser torpedeadas. Un mínimo de gobernabilidad. Para ello es necesario el restablecimiento del diálogo que permita el intercambio de ideas y opiniones, en el que las partes desarrollen argumentos orientados a persuadir y convencer a sus detractores, demostrando las virtudes y bondades de los proyectos propuestos, exponiendo las etapas y actividades a través de las cuales se alcanzan las metas planteadas. En resumidas cuentas, un debate racional.

Tarea nada sencilla dado el abismo ideológico que separa ambos sectores, la incendiaria gramática que gobierna el discurso público y la ausencia de espacios de encuentro. Sin embargo, la nueva Asamblea Nacional ha mostrado que puede ser ese espacio natural y propicio para implementar el ajuste político. En ella están las esperanzas venezolanas para salir airosos del complicado 2016. (O)