Esta columna ha acogido algunas preocupaciones ciudadanas sobre la gestión de los recursos del IESS, que como sabemos no son dineros del Estado y ningún Gobierno puede disponer de ellos directamente o indirectamente a través de decisiones de su delegado.

La reciente resolución del Consejo Directivo del IESS –que dispuso redistribuir los ingresos del Fondo de Pensiones para cubrir el déficit del seguro de salud–, sigue generando intranquilidad en jubilados, trabajadores y asambleístas, pese a las nuevas declaraciones del máximo personero de dicho Instituto, dirigidas a justificarla.

A la par, el representante de los empleadores en el IESS (ingeniero Felipe Pezo) y otros profesionales también entendidos en la materia, ratifican la inconveniencia de la decisión y la califican de inconstitucional e ilegal; calificación a la que nos adherimos (habría que analizar si se encuadra en el tipo penal del peculado).

El ingeniero Pezo dijo al Diario El Comercio: “…El hueco actuarial en pensiones pasó de USD 3.700 millones en el 2003 a USD 70.000 millones en el 2010, considerando la eliminación del aporte del 40% del Estado. Hoy, según la consultora Volrisk, llega a USD 208.000 millones. Se ha acortado mucho la vida y la sostenibilidad del fondo...”. Estimaciones que tienen credibilidad, pues no han sido negadas expresamente por el presidente del Consejo Directivo del IESS.

Pero, además, tanto de la administración del IESS como de los detractores de la resolución han surgido opiniones coincidentes en medio de las discrepancias sobre la estabilidad del sistema de pensiones: se requieren informes actuariales de calidad. Concordamos con los preocupados, que exigen transparencia y larga proyección en esos estudios. Que no sean coyunturales ni parciales.

Cierto sector de jubilados solicitaría asesoría a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una idea que la administración debería considerar. Se trata de encontrar respuestas claras y las explicaciones del representante del Ejecutivo no ayudan a despejar incógnitas. Por ejemplo: ¿por qué se dispuso redistribuir dineros del Fondo de Pensiones para cubrir gastos de salud, cuando recién en dos meses estará listo un nuevo estudio sobre la situación del IESS? ¿Acaso no debió esperarse a conocer esos resultados? ¿Por qué se ignoró el informe de la empresa Volrisk, precisamente contratada por el IESS para definir la viabilidad de la distribución de los aportes de afiliados y empleadores? El informe indicaría que los ingresos del IESS, desde este año, no serán suficientes para cubrir las pensiones de sus jubilados, y se tendrá que utilizar una parte de sus ahorros para cumplir con la obligación. El informe advierte que los ahorros se agotarán en el 2026 y será el último año que el Fondo de Pensiones tendrá reservas positivas.

El desequilibrio del sistema de pensiones del Ecuador lo han experimentado otros países (no siempre por malas decisiones de sus gobernantes). España efectuó reformas paramétricas para solucionarlo: aumentó la edad de jubilación y los años de aporte para jubilarse. Mas, ciertos especialistas sostienen que no es la mejor solución para recuperar el equilibrio financiero de la seguridad social. Que la mejor opción es la del sistema de pensiones que tiene Suecia, considerado como uno de los mejores del mundo. Para nuestro caso, podría explorarse la conveniencia del sistema sueco, donde el Estado sí subsidia las pensiones jubilares. (O)