El impuesto del dos por mil que el sector empresarial tiene que contribuir en beneficio de la Universidad de Guayaquil, a través de la Ley del Sistema Hospitalario Docente, y que ha sido motivo de discrepancias entre estas instituciones en virtud de que el Hospital Universitario pasó a manos del Gobierno; es la gran oportunidad para la empresa privada de contribuir con el desarrollo del país, a través de una de sus instituciones más insigne y formadora de profesionales.
Este impuesto que también beneficia a centros odontológicos, dispensarios de rehabilitación para drogodependientes y otros que la Universidad regenta, debe tener la ayuda y apoyo total de la empresa privada; contribución que debe incrementarse a favor de la investigación, desarrollo de nuevos talentos a través del recurso humano calificado, el cual debe convertirse en uno los pilares de crecimiento de toda sociedad y por qué no, sustento de la economía para no depender a futuro de nuestras tradicionales fuentes de ingreso. Los países nórdicos, asiáticos y del primer mundo dependen mucho en su crecimiento de lo que las universidades aportan a través de sus investigaciones y logros, que se convierten en invalorables descubrimientos, en desarrollo de patentes, con consabidos beneficios. Eso no podría ser posible si no hay un aporte directo de la empresa privada a través de sus transnacionales y grandes corporaciones; contribuciones que deberían gozar de beneficios tributarios por ser nuestra Universidad, institución pública.(O)
Antonio Martínez González, doctor en Medicina; avenida Samborondón