En nuestro artículo anterior analizamos estadísticamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde el 2008 hasta el 2014 con respecto a las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra leyes y otros actos normativos, y los estados de excepción dictados por el Ejecutivo. Señalamos que las demandas de inconstitucionalidad han sido rechazadas en el 88%, y que el resto de demandas (12%) si bien han sido aceptadas lo han sido parcialmente con respecto a asuntos de poca relevancia o sobre normas antiguas.

También vimos que de los 36 decretos ejecutivos declarando el estado de excepción en el Ecuador –y para cuya vigencia se requiere un dictamen de la Corte Constitucional– todos ellos (100%) fueron aceptados por la Corte.

Otro mecanismo de control de constitucionalidad es la llamada “acción extraordinaria de protección”. Ella habilita a una parte en un proceso judicial a demandar la anulación de una sentencia o auto con fuerza de tal que ha quedado firme, aduciendo que sus derechos constitucionales han sido violados por el juez o tribunal que conoció del litigio. La demanda debe resolverla la Corte Constitucional. Este mecanismo ha sido cuestionado por la incertidumbre que crea con respecto a la certeza que deben tener las decisiones judiciales. Ella constituiría una especie de “cuarta instancia”. Por otra parte, si bien esta acción –como sucede con la acción de protección propiamente dicha, antes conocida como “amparo”– está diseñada jurídicamente para proteger los derechos humanos y civiles de las personas dentro de un proceso judicial, la Corte Constitucional lo ha hecho extensivo en favor del Estado y sus instituciones. A nuestro criterio, este es un grave error.

En todo caso para nuestro análisis, estudiamos un total de 379 sentencias dictadas por la Corte Constitucional entre el 2009 y el 2012 por acciones extraordinarias de protección. La falta de actualización de información por parte de la Corte nos ha impedido tener acceso a gran parte de las sentencias dictadas en el 2013 y 2014. A pesar de ello, creo que la muestra es representativa. Del total mencionado, únicamente en 87 sentencias ha estado involucrado el Gobierno, ya sea como parte demandante o como parte que se vería afectada por una decisión favorable a la acción propuesta. En el 2009 el resultado fue 10/12, es decir que de doce sentencias que afectaban al Gobierno, 10 sentencias fueron favorables a él. En el 2010 11/15. En el 2011 7/14. En el 2012 37/46. Como resultado tenemos que el 74,7% de sentencias son favorables a las distintas funciones e instituciones del Estado.

Aquí caben dos observaciones. La primera es que en general el Gobierno resulta victorioso en un alto porcentaje en las acciones extraordinarias de protección, ya sea como demandante o como interesado en que la demanda sea rechazada. La segunda es que el porcentaje de este resultado favorable fue incrementándose al correr de los años. Es notable cómo a partir de 2012 la Corte Constitucional ha incrementado el número de sentencias que resuelve, en gran parte, a favor del Gobierno y sus instituciones. Una vez que se publiquen todas las sentencias de los años 2013, 2014 y 2015 podremos continuar con la investigación.

Con respecto a la acción de protección constitucional (antes “amparo constitucional”) cabe indicar que de acuerdo con la Constitución de 2008 las decisiones de esa acción concluyen en las cortes provinciales, y muy excepcionalmente en la Corte Constitucional. En vista de que dichas sentencias no se publican, nos es difícil hacer un análisis. Sí es importante señalar que en la Universidad Andina Simón Bolívar se hizo un estudio de dicha acción en la provincia de Pichincha y encontró que 9 de cada 10 acciones de amparo eran rechazadas por los jueces. Todo lo anterior debe llamarnos a la reflexión sobre la independencia judicial y la vigencia real de los derechos constitucionales en nuestro país.

*Expracticante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.(O)

Es notable cómo a partir de 2012 la Corte Constitucional ha incrementado el número de sentencias que resuelve, en gran parte, a favor del Gobierno y sus instituciones.