En su afán de imponernos un sistema que produzca en el mediano plazo un país más equitativo en términos de calidad de vida y desarrollo económico, el Gobierno continúa disponiendo políticas económicas y medidas tributarias no siempre acertadas si hablamos del bien común, quizás por el apuro en el empeño o porque su visión política no le permite ver que el proyecto de castigar a los herederos perjudica también a las clases medias del agro, quienes viven de su exiguo y anacrónico sistema de producción en tierras que se transfieren de generación en generación y cuyo valor es mucho mayor que el de una vivienda en la ciudad. Para estos agricultores, un pago excesivo podría romper esa cadena, empobrecerlos y como resultado incrementar la migración y aumentar los anillos de pobreza que rodean a casi todas las ciudades del país. Según el Plan Nacional del Buen Vivir, en el área rural viven 5,4 millones de habitantes, de los que 2,3 millones son pobres, es decir, 43,35%, y de ellos 19,74% viven en pobreza extrema; en cambio, según cifras del INEN a marzo 15 de 2015, la pobreza en Guayaquil fue de 7,69% y en Quito, 7,97%. Estos escenarios demuestran que para lograr equidad en las áreas más pauperizadas es prioritario concentrar los esfuerzos del Gobierno en mejorar las condiciones de vida del área rural apoyando a los agricultores con nuevas tecnologías y plantas de genética superior para incrementar la productividad y mejorar su calidad de vida.

Existen empeños por parte del Gobierno con los campesinos pobres, pero terminan siendo buenos propósitos, no es suficiente regalar labores de campo y abono e impulsar variedades nacionales de cacao y café, es indispensable una transformación integral de los cultivos con variedades de mayor productividad, como la CCN51 para el cacao y la Cavendish de mayor productividad para el banano. Con ello, de producir 10 quintales de cacao, pasarían a 50 por hectárea y de 1.200 a 2.500 cajas de banano hasta 4.000 por hectárea, incrementando en el mediano plazo nuestra oferta exportable. El Programa de Desarrollo del Agro debería contemplar créditos de mediano y largo plazo para la renovación total de los cultivos, asistencia administrativa, técnica y monitoreo de la inversión inicial, cultivo y cosecha, hasta que el agricultor termine de pagar su crédito, haya capitalizado su negocio y logrado un mejor futuro para su familia.

El programa debe ir de la mano del establecimiento de escuelas de formación ubicadas en los principales centros agrícolas del país, que ofrezcan cursos de conocimientos prácticos y teóricos a agricultores jóvenes y mayores, formación de bachilleres técnicos y profesionales de tercer nivel especializados en agricultura y agroindustria, fin para el que podría solicitarse apoyo a las escuelas de agricultura de Centroamérica y México; y, finalmente, la creación de un Programa de Apoyo al Desarrollo Comunitario de los pequeños y descapitalizados talleres técnicos y negocios de servicio ubicados en las comunidades aledañas a las plantaciones que dependen de su soporte.

La responsabilidad de llevar adelante este programa, por tratarse de un proyecto de desarrollo de largo plazo, tendría que ser dirigida y ejecutada por una entidad competente, profesional, correcta y con gerencia permanente, y no burócratas políticos de paso, caso contrario estaría destinado al fracaso.

Mejorar la calidad de vida de la población agrícola debe ser el más importante objetivo de este y cualquier gobierno de turno independientemente de su cartilla política. Es el camino más corto para disminuir la pobreza en el Ecuador. (O)