Mientras el Gobierno Nacional festejaba, las organizaciones de jubilados protestaban. Es el contrapunto al cabo de la aprobación de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, que formula un dilema sobre el futuro previsional.

No cabe duda de que el oficialismo optó por eliminar la obligación del Estado de aportar el 40% de las pensiones jubilares por la escasez de recursos fiscales, a sabiendas del elevado coste político. Ha puesto en marcha su abrumador aparato de propaganda para desvirtuar las críticas, presentando la afiliación de las amas de casa como una conquista heroica.

El principal argumento es que se mantiene la “garantía” de aportación en el caso de que el sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social así lo demande en el futuro porque al momento se mantiene solvente. Pero en su afán de validar tal cambio afronta una suma de incoherencias e inconsistencias.

El informe interno del IESS titulado: “Valuación actuarial del seguro de invalidez, vejez y muerte (IVM) al 31 de diciembre de 2013”, ajustado en marzo 2015, reconoce inobjetablemente que: “En las condiciones actuales y sin el aporte del 40% del Estado, el déficit esperado por el Fondo de IVM hasta el año 2053 bordearía los 70 mil millones de dólares, únicamente habría recursos para los próximos 12 años”.

Desde las urgencias económicas, el régimen hace sus propios cálculos. El Fondo de IVM acumula 8.961 millones de dólares, lo que le da un espacio de maniobra para sustituir el aporte obligatorio de 1.100 millones de dólares anuales por una mera garantía que como están las cosas no podrá cumplir.

Se ampara en el hecho de que los aportes por pensiones se encuentran al momento en relativo equilibrio con un déficit de 44 millones de dólares en 2014, proyectando un aumento a 339 millones en 2015. Posiblemente prevé que tal déficit puede ser cubierto con el pago del 7% de interés de los Bonos del Estado colocados al IESS/Biess (7.125 millones de dólares al 2014).

Al tiempo, se desentiende de la deuda por concepto de prestaciones de salud a los jubilados que asciende a 1.875 millones de dólares y que, sin duda, irá incrementando en desmedro del patrimonio institucional del IESS.

Al cierre del año pasado había 432.780 pensionistas que irán aumentando a una tasa de 7% anual. En la actualidad, la relación jubilado versus trabajador activo es de 1 a 8, que irá declinando hasta mitad del siglo a una proporción de 1 a 4, según prevén los estudios actuariales.

Es cierto que las pensiones de vejez están en promedio en 500 dólares mensuales, un estándar de la media para arriba en el ámbito regional; pero es indudable que al dejar sin efecto la aportación obligatoria del Estado, se pone en riesgo eventuales mejoras y más aún su sostenibilidad.

Respecto a la afiliación del ama de casa subsisten muchas reservas. El subsidio estatal se concentrará en el quintil socioeconómico más bajo, dejando la responsabilidad del aporte en el jefe de la unidad económica familiar; además, se limita a prestaciones de jubilación y exequiales, sin incluir salud.(O)