Hay una frase que usa el Gobierno con frecuencia: “nuestro desafío radica en lograr la supremacía del ser humano sobre el capital”. Se puede discutir la validez lógica del dicho, pero la potencia retórica es innegable. Suena bien. Asimismo, la Ley de Control de Poder de Mercado recita como uno de sus fines: el reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del sistema económico. Poesía del buen vivir. Sin embargo, en la práctica, lo que se ha logrado es la supremacía del Estado, no la del ser humano. Y ahí están CNT y Tame como ejemplos claros.

Cuando revisamos con mis alumnos de Derecho de la Competencia el catálogo de “prácticas prohibidas” por la Ley Antimonopolio, les advierto: en Ecuador todo eso está sancionado, a menos que tengas el adjetivo “público”. En ese caso todos los pecados condenados por esta legislación son mágicamente absueltos, de sopetón.

Por ejemplo, la ley dice que no se pueden restringir “el desarrollo tecnológico y las inversiones” de terceros. Tampoco es posible alterar los “concursos de contratación” en beneficio propio. Y no se permite además el “boicot dirigido a limitar el acceso al mercado”, o “levantar barreras de entrada… a un mercado relevante”. Etcétera.

Pero toda la lógica anterior se invierte si tomas el caso de una competidora pública como CNT. El Estado la ha privilegiado frente a las privadas concesionándole gratuitamente el segmento del espectro radioeléctrico idóneo para tecnología 4G. Restringiendo de esa forma el desarrollo tecnológico y la inversión de las operadoras particulares, las cuales sirven a la gran mayoría de los usuarios de telefonía móvil del país. Qué más boicot o barrera de entrada que limitar por años el acceso de terceros privados a esas frecuencias, mientras se da vía libre a los amiwis estatales.

La ley también prohíbe “actos de denigración”, es decir, aseveraciones que puedan menoscabar el crédito de los competidores, empleadas en “tono de desprecio y ridículo”. Cuando leo esa disposición recuerdo al primer mandatario poniendo apodos denigrantes a una operadora privada durante una sabatina.

Claro, me dirán ellos, es que tú, neoliberal desalmado, no comprendes que una empresa tenga “rentabilidad social”. Y la verdad es que sí, me cuesta encontrar la delgada línea roja que separa la “rentabilidad social” del ansia propagandística del político de turno.

Y me cuesta más cuando me fijo en el caso de Tame. Ahí la realidad se curva. La aerolínea estatal ha recibido toda ventaja posible, para volar frecuencias nacionales e internacionales. Aviones gratis, combustible subsidiado, financiamiento preferente, exención tributaria y preferencia del sector público. Todas esas prebendas que recibe distorsionan la competencia, porque sus pares privados no gozan de ellas. Y, para colmo, aún así reporta pérdidas por millones, y no hay balances hace dos años.

La propia aerolínea estatal admite que fija sus tarifas a la baja para “regular los precios”. Ha llegado así a concentrar el 52% del mercado. Pero si esto mismo lo hace una privada, la ley la condena por “abuso de poder dominante”. Curioso.

Es sentido común. No se puede fomentar la libre competencia mientras distorsionamos la misma en favor de entes públicos. Porque en ese caso la supremacía perdida por el capital privado la gana el Estado, no los seres humanos.