El número de postulantes para las próximas elecciones expresa con cierta claridad la situación de las organizaciones políticas y en general de la competencia electoral en nuestro país. La cifra preliminar, de 17.726 candidatos, entregada el viernes por la mañana, puede parecer enorme y hasta cierto punto se la podría interpretar como la manifestación de un gran interés por participar. Sin embargo, una mirada un poco más detenida demuestra que la realidad es bastante diferente e incluso contraria a esa apreciación.

En efecto, si se considera que son 5.651 las dignidades por elegirse, se concluye que hay solamente 3,1 candidaturas en promedio para cada puesto. Obviamente, como todo promedio, la cifra es engañosa. Pero no deja de ser un indicador para tomar en cuenta, especialmente si se lo compara con elecciones anteriores en que fácilmente se llegaba a siete o más candidaturas por dignidad (lo que tenía otros efectos negativos).

La mayoría de esas candidaturas busca espacios en las juntas parroquiales. No podía ser de otra manera, ya que en ese nivel se deben cubrir 4.079 puestos. Pero el promedio de postulantes a cada uno de ellos es apenas de 2,8. Es decir, menos de tres organizaciones competirán por cada una de esas instancias de carácter rural. En ese mismo ámbito, el promedio de candidatos para los cargos de concejales rurales es de 8,2, que resulta el más alto entre todas las dignidades. A estos les siguen los interesados en las prefecturas provinciales, con un promedio de 7,1 postulantes. Pero, en el otro extremo se sitúan los concejales urbanos, apenas con 2 aspirantes en promedio para cada uno de los puestos. Finalmente, para cada una de las 221 alcaldías se ha presentado un promedio de 4 candidatos.

Un dato adicional para considerar es que existen 124 organizaciones políticas reconocidas legalmente por el Consejo Nacional Electoral. Cuando se lo contrapone al bajo número de candidaturas queda claro que, por un lado, muchas de esas agrupaciones no se presentaron a esta elección y, por otro lado, la enorme mayoría son pequeños grupos de carácter local. Por tanto, son actores políticos sin mayor presencia y mucho menos incidencia en el escenario nacional. Expresan la atomización de la política y la reducción a los espacios más alejados de los ámbitos de toma de decisiones.

Doce de esas organizaciones son de carácter nacional que, por un mínimo de lógica se esperaría que tengan también una presencia electoral en todo el país. Esto debería traducirse en candidaturas a las prefecturas provinciales y a las alcaldías en un alto número de las ciudades más pobladas (o por lo menos en las capitales provinciales). Sin embargo, las cifras señaladas demuestran que la mayor parte de ellas no presentaron candidatos a esas dignidades o, si lo hicieron, prefirieron formar alianzas. La primera opción es una manifestación de su debilidad y constituye también una evidencia de su incapacidad para desempeñar un papel central en la renovación de la política. La segunda obedece a una estrategia de última hora, derivada también de sus debilidades.