Lo sucedido en torno al tema del aborto no es algo aislado ni es simplemente la imposición de la visión conservadora del líder en ese aspecto específico. Si se mira lo que viene ocurriendo desde varios meses atrás se puede constatar que eso forma parte de la deriva derechista y conservadora de la Revolución Ciudadana. El tratamiento de ese tema como un asunto de creencias y no como un problema de salud pública, e incluso como una realidad que ocurre todos los días, responde a una concepción global sobre la sociedad y el Estado. Esta busca imponer determinados valores a la sociedad e intenta normar las conductas de las personas de acuerdo a esos parámetros. Para lograrlo necesita endurecer la facultad estatal de uso de la fuerza, tanto por medio de la construcción de un entramado legal restrictivo como por acciones represivas.

Las reformas al Código Penal, entre las que se cuenta el tratamiento del aborto, se añaden a otros pasos en la dirección señalada. Basta mirar la Ley de Comunicación, con su orientación censora y la creación de última hora de un organismo de control del pensamiento y la palabra. Hay que recordar también el Decreto presidencial número 16, que coarta la capacidad organizativa. En términos de acciones están las acusaciones de terrorismo con que se persigue a las protestas y los juicios a medios de comunicación por delitos de opinión. Todo eso habla de la instauración de un régimen que, por el lado derecho, se va alejando de los sueños revolucionarios.

Por ello, no es adecuado mirar aisladamente el episodio del aborto. Es verdad que la reacción del mandatario expone claramente su incapacidad de dejar sus valores religiosos en el terreno íntimo o personal, que es el ámbito en que deben permanecer en el marco de una sociedad secularizada y democrática. Puede ser, incluso, que la mayoría piense como él, pero eso no justificaría convertir esas creencias en leyes porque de esa manera se iría acabando con el Estado laico que es una de las garantías de la convivencia social. De este modo, lo que está en juego es la imposición de un modelo estatal y social que no concuerda con los postulados originales de la Revolución Ciudadana o por lo menos con la fraseología que acuñaron sus fundadores y que el líder hizo suya.

Entonces, cabe preguntarse por qué la izquierda que aún queda en el gobierno acepta esas imposiciones si claramente aquella concepción lleva a un destino diferente al que ella imaginó. Las razones deben ser varias, desde el disfrute del sueldo hasta las cínicas explicaciones sobre el proyecto de largo alcance, pero las consecuencias serán implacables con ella. Al tragarse mansa y silenciosamente la rueda de molino de la explotación del Yasuní, al aceptar pasivamente la criminalización de la protesta social, al aplaudir la persecución de la opinión, al claudicar en los principios y al aceptar la imposición de la voluntad única, ha abierto la puerta ancha a la derecha y ha cerrado la posibilidad de una salida digna.