Siempre es conveniente poner atención a las diferencias. Por ejemplo, entender que Snowden no es Assange y que en nada se parecen sus acciones. Assange divulgó información del servicio exterior norteamericano, que en su mayoría eran unos informes similares a los que hacen todos los diplomáticos del mundo para sus gobiernos. No denunció un acto ilegal ni una acción de espionaje, como sí lo hizo Snowden que develó un operativo de escala mundial en ese sentido. Por tanto, son dos casos muy distintos y, aunque posiblemente ambos confluyan en el minúsculo país de la mitad del mundo, deben ser tratados también de manera diferente.

El caso de Snowden, que es el verdaderamente serio, vuelve la atención al debate que comenzó a mediados del siglo XVII sobre la contradicción entre los derechos individuales y los poderes del Estado. El fondo del problema radica en encontrar el equilibrio entre la plena vigencia de las libertades y la necesidad de un Estado para garantizarlas. El riesgo es que este, al contar con el monopolio legítimo de la fuerza, pueda atentar contra las libertades y los derechos. Para evitarlo se fue construyendo lo que ahora conocemos como Estado de derecho, entendido como un Estado limitado y sometido al imperio de la ley. En ningún caso puede sobrepasar los límites que están marcados no solamente por la ley sino por la plena vigencia de los derechos y las libertades.

Por consiguiente, según esa concepción, las personas están por encima de los poderes y estos no pueden invadir el campo de ellas. A esta se enfrentan todas aquellas posiciones que dan prioridad a los intereses del Estado, ya sea con proclamas patrióticas y nacionalistas, con alusiones al interés colectivo o con doctrinas como la de la seguridad nacional. Frente al momento actual cada una de estas visiones tomaría su posición. Un defensor del Estado de derecho diría que Snowden ha hecho lo que debía, ya que el gobierno de su país estaba cometiendo un atropello a las libertades de las personas. Un partidario de la seguridad y del patriotismo sostendría que es un traidor y que debe ser castigado.

Esos deberían ser los términos del debate, pero las pasiones políticas han hecho que se olviden fácilmente los principios y que se juzguen los actos con criterios propios de la política interna. Bastó que el gobierno nacional insinuara que podría concederle asilo al exespía para que muchas personas, que están en contra de la intromisión del Estado en el campo de las libertades, tomen automáticamente la posición contraria. Su argumento es que el gobierno muestra una gran esquizofrenia política ya que casa adentro está haciendo lo que condena puertas afuera. Eso es absolutamente cierto, pero no por ello se pueden sacrificar principios que, además, hoy son más necesarios que nunca en el mismo plano interno (basta mirar la Ley de Comunicación para saber hacia dónde vamos). Con la misma coherencia que reclaman al gobierno, podrían diferenciar las acciones de este y los propios principios y no sacrificar estos por condenar aquellas.