Un panfleto firmado por dos bandas, Los Lobos y Tiguerones, llegó la mañana de este martes 27 de diciembre mediante mensaje de WhatsApp a varios funcionarios que laboran en el Complejo Judicial del Albán Borja, en el norte de Guayaquil.

El mensaje va dirigido a Heydy Borja, quien desde hace siete años cumple sus funciones como jueza penal en este lugar. Ella ahora llevaría un caso de terrorismo por el que sospecha se estarían dando estas amenazas.

Borja cree que quienes están atrás del panfleto serían los mismos que alertaron de una amenaza de bomba días atrás para evitar que se instale la audiencia preparatoria de juicio contra dos hombres detenidos por detonar un coche bomba en mayo pasado afuera de la Unidad de vigilancia Comunitaria de La Florida.

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La jueza Heydy Borja sospecha que la amenaza está relacionada al caso de terrorismo que se lleva por la explosión de un taxi afuera de la UVC de La Florida, ocurrida el 29 de mayo. Hay dos detenidos. Fotos: Ronald Cedeño  Foto: El Universo

Borja contó que a las 08:30 habría llegado la imagen del panfleto y que su asistente la alertó y llamó a la Policía.

A las 10:30, según la jueza, llenó el formulario para solicitar resguardo policial, como lo dicta el protocolo establecido por el Consejo de la Judicatura, y mandó al correo establecido, pero hasta las 13:30 aún no había una respuesta.

La jueza mencionó que también mandó un correo a la directora de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel, y a la jefa de Recursos Humanos para que le autoricen el teletrabajo, pero tampoco ha tenido respuestas aún.

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Estalló vehículo cerca de unidad policial de La Florida, en el norte de Guayaquil

Muy aparte del protocolo de seguridad que debe activar la Judicatura en estos casos para asignar un escolta al funcionario, Borja mencionó que la Policía ya le ha puesto una persona para que le brinde seguridad y hasta la tarde de este martes seguían en su despacho.

Además llegaron varios expertos en explosivos al complejo judicial para revisar las instalaciones y el automóvil de la jueza de lo penal y de sus colaboradores, pues en el panfleto dicen que saben dónde estacionan su carro ella, su secretario y su ayudante.

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También mencionan que sabe dónde vive la hermana de la jueza en Canadá y aseguran que la organización tiene también aliados en ese país.

En la misiva dice que como la juez Borja “se cree muy incorruptible, si no se alinea va a pagar las consecuencias”.

Judicatura trabaja en protocolo de seguridad e intenta definir dónde funcionará la nueva Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado

También se menciona que el 9 de diciembre se hizo una fiesta en la que estuvieron presentes varios jueces y que si las bandas hubieran querido “los hacían pagar”, pero reconocen que ahí también había otros (jueces) que sí les sirven.

La jueza amenazada dijo que ha tomado precauciones con su familia y mencionó que la judicatura ni siquiera tendría la capacidad de proteger a sus funcionarios. Ella esperaba la tarde de este martes la llegada de un patrullero para que la acompañen a su casa.

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Este panfleto fue enviado por WhatsApp este martes a los funcionaros que laboran con la jueza Heydy Borja. Foto: Cortesía

“Somos tan vulnerables y el sistema ni siquiera se configura para darnos seguridad. No pueden exigir que la justicia responda de manera oportuna contra el crimen organizado si ni siquiera tienen la capacidad de proteger a los funcionarios judiciales de amenazas”, expresó la jueza que indica que es la primera vez que recibe amenazas.

La Fiscalía y Policía Nacional en el caso de terrorismo informaron el 29 de mayo que, aún en flagrancia, ejecutaron un operativo en la cooperativa Pancho Jácome, donde fue detenido Jorge Alberto S. A. Él sería el encargado de coordinar la colocación del taxi que explotó. En el lugar se encontró también la moto utilizada en el hecho. Días después hubo otro detenido.

Ambos están en la Penitenciaría y deben ser sometidos en los próximos días a la audiencia preparatoria de juicio.

La Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de terrorismo con pena privativa de libertad de diez a trece años. (I)