Un brote de coronavirus dentro de la Penitenciaría del Litoral o en cualquier otra cárcel es un riesgo que ninguna autoridad quiere correr, pues sus consecuencias serían mortales debido al hacinamiento y a que el sistema inmune de los reos con el pasar de los años se debilita.

Por eso, a cada persona a la que se le dicta prisión preventiva se le debe hacer una prueba de COVID-19 antes de llegar al centro carcelario para conocer si puede ser ingresada a una celda con el resto de reos o si debe realizar cuarentena en un lugar aislado de la prisión.

Hasta ahí todo parece muy lógico, el Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza las pruebas que el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) exige como requisito. Pero son los policías quienes en el momento de legalizar la detención pasan una verdadera travesía para obtener todos los requisitos para que el sospechoso sea ingresado a la prisión.

Un proceso que antes de la pandemia tomaba un par de horas, ahora puede obligar a los uniformados a estar hasta dos o tres días con los detenidos paseando de hospital en hospital en busca de pruebas rápidas.

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Es tan grave la situación que el coronel Neyb Jiménez, subcomandante de Policía de la zona 8, explica que han tenido que viajar al centro de salud de Daule para hacer una prueba y de Daule y otros cantones tienen que llegar a Guayaquil en busca de atención, pues los hospitales están colapsados y no se encuentran pruebas ni personal disponible.

Jiménez expresa que antes de que un aprehendido sea llevado ante el juez debe ser revisado por un médico que certifique su estado de salud, esto para determinar en qué condiciones se lo detiene, si el juez ordena medidas sustitutivas el sospechoso se va a su casa, pero si hay una orden de prisión preventiva empieza el viacrucis para los uniformados.

Solo en casos excepcionales, personal del SNAI ha considerado aceptarlos sin las pruebas y los reos son puestos inmediatamente en cuarentena, comenta Jiménez.

Él admite que esta situación saca de los patrullajes a personal de los distintos distritos que deben estar prácticamente de niñeros de los detenidos hasta que se consiga la prueba y se los pueda trasladar a la cárcel, por eso solicita una mejor coordinación entre el MSP y el SNAI para que el patrullero no esté circulando todos los días con las personas.

“Se pierde tiempo y perdemos personal que no está patrullando en las calles”, insiste Jiménez.

Esta situación la corroboran algunos policías en las calles. Por ejemplo, los uniformados del distrito Esteros (isla Trinitaria) cuentan que suelen acudir al hospital Teodoro Maldonado Carbo para obtener los certificados médicos y si no hay allí personal o pruebas, van al hospital Guayaquil, pero también les ha tocado buscar en el hospital del día Marianita de Jesús y en el Centro de Salud Cisne 2.

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Los policías en las madrugadas se comunican por radio entre distritos preguntando en qué hospital hay pruebas disponibles y personal que pueda atenderlos de manera ágil.

El pedido de los policías es que el Ministerio de Salud determine un centro médico en cada sector donde siempre habrá pruebas y atención para conseguir los certificados médicos sin perder tiempo.

Otra opción que proponen es que las pruebas las hagan en las cárceles, pues en los centros penitenciarios se determinan si los nuevos presos van a las celdas o al área de aislamiento.

Jiménez recuerda a las otras carteras de Estado que la Policía actúa en flagrancia y que eso determina que deben proceder en un tiempo prudencial (24 horas), porque si se pasan los plazos judiciales podría quedar en libertad el sospechoso por vulneración de derechos.

“Puede venir un abogado, dice que ya se pasó el tiempo y no han hecho los exámenes, y se lo lleva”, dice el policía.

EL UNIVERSO solicitó información hace diez días al Ministerio de Salud sobre esta situación, la cantidad de pruebas y los hospitales donde pueden acudir los policías, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta. (I)