Según Fiscalía, en caso de joven sentenciado que afirma haber actuado en defensa de su hermana hubo “ataque a traición”

La Fiscalía busca que los jueces sancionen a Santiago Ortega por asesinato, pero además que se consideren las circunstancias agravantes del artículo 47, numerales 5 y 7 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con lo que su pena aumentaría de 26 a 34 años y 8 meses de cárcel.

El joven de 21 años fue sentenciado en primera instancia a 10 años de cárcel por homicidio, en Quito. Para el 13 de abril está prevista la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia. Este recurso fue presentado tanto por la Fiscalía como por la defensa del acusado, se indicó.

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Según el relato de los familiares, Ortega, recluido en la cárcel de El Inca, norte de la capital, en agosto del 2020 defendió a su hermana, en estado de gestación, de un hombre que por robarle le causó golpes y cortes con un cuchillo. Al ver eso él confrontó al presunto delincuente y lo golpeó.

Luego de este suceso, la vida de esta familia continuó con normalidad, pues adujo desconocer la muerte del supuesto ladrón, hasta que el 6 de febrero de 2021 el joven fue detenido por el presunto delito de asesinato. El ahora occiso, Brayan C., presentó una hemorragia cerebral, fractura del cráneo y trauma craneoencefálico.

La defensa busca que se ratifique el estado de inocencia del procesado, alegando un legítimo derecho a la defensa, lo cual, según Fiscalía, ya fue desvirtuado con las pruebas entregadas y resuelto por un Tribunal de Garantías Penales que consideró que para el ataque hubo previa planificación.

Para la Fiscalía, el ahora occiso fue “atacado a traición”, con un golpe de bate en la cabeza por parte del procesado. Fruto de ese golpe, Bryan C., quien estaba desarmado, falleció, sostuvo dicha instancia.

Ese mismo día, la Policía, actuando en delito flagrante buscó al procesado en su vivienda, pero no lo encontró.

La audiencia de juicio fue convocada el 1 de diciembre del 2021. La Fiscalía presentó sus alegatos y practicó su prueba documental, pericial y testimonial para fundamentar su acusación por asesinato agravado.

Luego de escuchar a las partes procesales, un Tribunal de Garantías Penales –de manera unánime– emitió sentencia condenatoria por el delito de homicidio, imponiéndole al procesado la pena privativa de la libertad de diez años, mínima sanción establecida en el artículo 144 del COIP.

Según la Fiscalía, los jueces no encontraron la concurrencia de circunstancias de legítima defensa, alegada por el abogado del procesado, establecidas en el artículo 33 del COIP.

Para que se concrete esta figura legal deben cumplirse tres requisitos que son: que la agresión sea actual e ilegítima, necesidad racional de la defensa y falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho.

A Ortega el Tribunal le impuso, además, una multa de 40 salarios unificados y el pago de una reparación integral de 10.000 dólares.

Fiscalía sostiene que en la escena del supuesto robo a la hermana del joven no aparecieron el arma ni los $ 80 dólares que fueron presuntamente sustraídos del negocio.

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Indicó también que el ataque a Brayan C. no se produjo en la tienda, sino a cuadras del negocio. Y que de aquello hay un video en el que se aprecia cómo el procesado ataca a la víctima por atrás, sin que él tenga la oportunidad de defenderse. No se evidencia un enfrentamiento, según la entidad.

La familia del sentenciado sostiene que el joven actuó en legítima defensa y considera injusta la condena. (I)