Los secuestradores ya no solo ponen en la mira a familias pudientes, sino que extienden su objetivo en clase media

La familia de un joven decía sentirse preocupada en estos días. Pese a no tener recursos como para pagar por un rescate, uno de sus integrantes había sido blanco de secuestradores.

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Por este caso, ocurrido en una zona de clase media de Guayaquil, los secuestradores pedían una suma elevada para liberarla.

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En estos días el número de casos de secuestro tuvo un alza y aquello causó preocupación en la ciudadanía ya que las víctimas no solo eran personas con poder adquisitivo, sino también de condición socioeconómica media.

Durante el 2021 la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) investigó y liberó a 38 víctimas de secuestro en Ecuador. En el 2022 la cifra fue igual, pero hasta esta semana del 2023 ya se habían reportado una decena de casos.

El año pasado los agentes aprehendieron a más de 130 personas por el delito de secuestro a escala nacional.

La Unase reveló que los montos que exigieron las bandas delictivas durante el 2022 sumaban en total 19 millones de dólares, ya que las organizaciones operan mayoritariamente en estratos de mayor poder adquisitivo y piden altas cantidades de dinero.

Entre esos casos no solo había empresarios o dueños de negocios grandes, sino personas que eran empleados privados o públicos, de clase media. Personas que habitan en urbanizaciones de estrato medio.

Pero también hay quienes raptan a personas en zonas populares como El Fortín, donde en diciembre del año anterior secuestraron al dueño de una tienda y le exigieron a su familia $ 10.000. Finalmente, el hombre fue rescatado sin pagar.

Especialistas en seguridad explican que las bandas que se dedican al secuestro de personas realizan un seguimiento de sus potenciales víctimas para hacer una especie de perfilamiento. En esa línea verifican la actividad financiera o comercial, propiedades y otros detalles.

Carlos Sevillano, experto en seguridad nacional, sostuvo que actualmente en el país se vive una etapa considerada de secuestro común que regularmente ejecuta la delincuencia y sus víctimas son ciudadanos con o sin posibilidades de pagar un rescate.

En el secuestro organizado, explicó, las víctimas son personas cuidadosamente elegidas e inteligenciadas por sus altas posibilidades de pagar rescate. En estos casos, dijo, toman lugar los conocidos “paseos millonarios” en los que los secuestrados son físicamente torturados o mutilados para que se cumpla la exigencia del antisocial.

En el peor escenario las víctimas llegan a ser asesinadas.

El tercer nivel es el secuestro terrorista que implica daños físicos y psicológicos de alto impacto social, según Sevillano.

“El reto que todavía el Ecuador no ha podido cumplir es el reformar y modernizar la estructura de la justicia criminal. La epidemia de los secuestros requiere una atención inmediata y hay que identificar patrones de concentración criminal la misma que se relaciona con el espacio, el tiempo, victimarios y las víctimas”, expresó el especialista.

La Policía sugiere que en casos de desapariciones o sospechas de secuestro, se alerte o se presente la denuncia formal para que las unidades actúen, según sea la situación.

Y esto, porque en algunos casos las desapariciones de personas no siempre están ligadas a secuestros extorsivos, sino a otros asuntos.

Cuando la Policía detecta que no hay llamadas extorsivas que den pistas de un posible secuestro, el caso pasa a la unidad de desaparecidos y no directamente a la Unase.

Para que se active esta última unidad debe haber llamadas telefónicas en las que exista alguna amenaza, cantidad de dinero o exigencia por la víctima.

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A inicios de este año en Guayaquil y en localidades cercanas se evidenció que una modalidad que aplicaban los antisociales para secuestros o robos era actuar como si fuesen policías en operativos: paraban un carro y trataban de someter al conductor y sus acompañantes.

Por ello, en su momento la Policía aclaró que los operativos de los uniformados de la institución nunca se hacen de manera individual. Los controles, por lo general, se ejecutan al menos con cuatro hombres, con patrulleros y motos con la respectiva identificación. (I)