‘Se nota que nos está superando abiertamente la delincuencia organizada a nosotros como órganos de justicia’. Funcionarios de Fiscalía piden mejoras en las seguridades para cumplir sus labores

Uno a uno, los colegas y compañeros del fiscal Édgar Escobar Zambrano fueron colocando velas al pie de una imagen suya instalada en su memoria al pie de un árbol de la plaza Pedro Carbo, donde murió en un atentado criminal el pasado lunes 19. Allí, los presentes lamentaron que la violencia siga afectando a más funcionarios públicos inmersos en investigaciones judiciales.Allí, en medio de la conmoción, los agentes elevaron oraciones en recordación de Escobar, quien fue calificado como un servidor intachable, y clamaron por justicia en el caso en medio de la incertidumbre por la violencia que azota a Guayaquil en diversos escenarios.En la escena del centro porteño donde murió Escobar confluyen la sede de la Fiscalía, la iglesia La Merced, varias entidades bancarias, sedes académicas y un puesto policial. Es el corazón bancario de la ciudad.Allí, en la plaza, varios colegas de Escobar, incluyendo servidores que también están detrás de investigaciones de temas complejos, expresaron su temor por los niveles de violencia por los que la Zona 8 supera las 1.020 víctimas mortales, entre las que ahora se incluye a su compañero.A diario, los funcionarios de Fiscalía trabajan sin las seguridades del caso, pese al riesgo existente por estar inmersos en investigaciones y diligencias judiciales que se siguen en contra de diversas personas, dijo Reinaldo Cevallos, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía del Guayas y Galápagos. En este año se han dado diez casos de amenazas a fiscales, dijo.Asimismo, han sido objeto de atentados. Uno de los casos más recientes lo vivió el fiscal César Peña cuando dispararon en contra de su automóvil en la vía Naranjal-Balao, en Guayas, el 28 de julio pasado. Él resultó ileso e inmediatamente alertó a las autoridades policiales sobre el hecho violento.Cevallos reconoció que existen compañeros que temen denunciar los casos de amenazas. “La Fiscalía va a seguir haciendo su labor, acusando, pero sí queremos el respaldo de las instituciones”, remarcó, y nombró varios de los planes acogidos por autoridades judiciales y Gobernación, como el refuerzo de las seguridades en las instalaciones judiciales.Además, como medidas inmediatas, él mencionó que se deberían modificar los protocolos de control de ingreso de los funcionarios, ya que hacerlo únicamente de manera física en una sede puede facilitarles la información a grupos que tratan de amedrentar o atacar a los agentes, como en el caso de Escobar.También consideró que es un riesgo que se mantengan datos abiertos en portales virtuales sobre las diligencias programadas de los agentes fiscales, ya que también puede prestarse para que antisociales obtengan información de sus movimientos.Aquello del monitoreo del ingreso de marcado —dijo— había sido advertido al área de Talento Humano; sin embargo, no se obtuvo alguna acción de cambio hasta ahora.“Las personas han estado haciéndole una vigilancia (al fiscal Escobar) y seguimiento por aproximadamente una semana, y ahí están los resultados”, presumió el abogado, y agregó que a partir de ahora la mayoría de audiencias debería promoverse de manera telemática.Un fiscal que labora en Guayaquil y que ha cumplido funciones durante ocho años en varios cantones de Guayas mencionó que en otras localidades, como Naranjal, El Triunfo y Durán, se presentan mayores situaciones de vulnerabilidad para los servidores públicos a cargo de indagaciones judiciales.En el segundo cantón mencionado, por ejemplo, él convivió con varios hechos de detonación de explosivos en la sede de la Fiscalía; y, hasta que estuvo en esa jurisdicción, pese a los pedidos reiterados, no se dio una respuesta positiva para obtener mayor resguardo de esa dependencia.“Se nota que nos está superando abiertamente la delincuencia organizada a nosotros como órganos de justicia. Al pie de Fiscalía, habiendo policías, que se supone deben resguardar, no se presta la suficiente garantía. De hecho, a una cuadra hay una UPC, y no fue suficiente. Sí, hasta cierto punto (genera) consuelo que hayan capturado a los dos sospechosos. Nos deja la sensación de que situaciones como esta se van a seguir repitiendo”, lamentó el fiscal.El funcionario consultado consideró que hace falta coordinación entre Policía, Fiscalía, Corte de Justicia y las funciones Ejecutiva y Legislativa para articular acciones en pro de la seguridad y la actuación de los funcionarios públicos inmersos en indagaciones.Cuestionó que, si este desenlace violento le ocurre a un funcionario, qué le puede esperar a un ciudadano común. Por eso, también pueden existir dificultades de seguir procesos investigativos, consideró. “¿Cómo le puedo pedir a un testigo que comparezca a tribunal si a los fiscales los están matando? El mensaje es terrible y la respuesta tiene que ser inmediata”, reiteró.Fiscales creen que las unidades de protección o resguardo especial deben dirigirse directamente a los fiscales que tratan investigaciones que tengan relación con narcotráfico, delincuencia organizada y otros temas calificados de alta peligrosidad.A su vez, delegados de la Fiscalía manifestaron que los ingresos y salidas en las sedes judiciales, como la Fiscalía, se dan de manera libre. Ese es un punto clave que puede ser una ventana abierta para la comisión de más delitos y atentados en contra de ellos, consideraron.Específicamente en el edificio de La Merced, las personas que salen en libertad con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva van a comparecer para firmar la presentación periódica en el despacho de cada fiscal, según revelaron funcionarios.“Paradójico y absurdo. Por eso, se pidió a la Fiscalía Provincial que se asigne un despacho exclusivo para eso”, dijo uno de los fiscales consultados.Como él, una asistente fiscal, que lleva diez años en el puesto, cuestionó la aparente inexistencia de controles en la sede cuando personas procesadas por distintos delitos ingresan a diario a ese edificio. Ella contó que apenas dos servidores policiales se mantienen resguardando la planta baja, pero sin poder hacer chequeos a los que acceden a la sede.“Aquí, el que suba se identifica; si no, no suba. Si no es denunciante o víctima, ¿para qué sube? Aquí nosotros no tenemos seguridad de nada. Pienso que es como un mensaje claro, porque lo pudieron matar por otro lado, como para decir: ‘Fiscalía, así los voy a poner si ustedes continúan”, comentó la funcionaria, quien dijo temer que los hechos violentos se repitan adentro de la sede.Por su parte, Cevallos sostuvo que lo ideal sería la puesta de resguardo policial o un equipo élite de protección a los fiscales, pero acotó que eso —según él— por ahora no podría darse ante la falta de suficiente presupuesto. “Lo único en que nos puede ayudar la Policía es en aumentar el resguardo a los edificios. Pero de ahí, que nos van a dotar para el traslado de los fiscales, eso es imposible”, dijo.Pese a esas limitantes, como asociación se analiza realizar acciones de autogestión para la dotación de chalecos antibalas a los funcionarios, que regularmente están expuestos y sin resguardo en distintos escenarios.Jorge Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, pidió que se ejerza todo el poder del Estado para mejorar la seguridad ciudadana, el sistema de justicia y las garantías que deben tener jueces y fiscales para poder practicar su profesión.A nivel general, él insistió en que deben adaptarse a las nuevas tendencias delictivas, para acomodarse a practicar audiencias telemáticas, y mostró su apertura para ofrecer propuestas con distintas comisiones en áreas del derecho.“El Estado tiene que entender también que este problema es producto de que no hay trabajo, no hay oportunidades para jóvenes para estudiar ni emprender. Eso es un problema estructural que no se resolverá de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar ya; toda la ciudadanía tiene que estar inmersa en la solución. Si no, esto nos va a comer vivos a todos los ecuatorianos”, dijo Yánez.Para el gremio, hay acciones inmediatas a corto, mediano y largo plazo. Inmediatamente, dijo que se debe dar resguardo a los fiscales y jueces a través de la Policía Nacional y personas que les den resguardo de civil. Además, que se debe reestructurar el sistema de justicia con funcionarios probos que estén alejados de delitos. Y que se promuevan modificaciones profundas en la Función Judicial, que convive con varios problemas; uno de esos se evidencia a simple vista: el deterioro de infraestructuras.Dos horas después del crimen, Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, indicó que se ha pedido que las audiencias se mantengan de manera telemática hasta que se presten las condiciones de seguridad para retomar la presencialidad.Ella pidió que se brinde protección policial y privada a los funcionarios judiciales. Dijo que se ha insistido en la declaratoria de emergencia en el sistema judicial, la cual aún no tiene respuesta positiva desde el Ejecutivo.En Guayas, ocho jueces tienen resguardo policial por la complejidad de los procesos a su cargo. (I)

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