Salida anticipada de militares de las calles desalienta a ciudadanos que piden más seguridad

La reducción de 60 a 30 días de estado de excepción ordenada por la Corte Constitucional ha traído opiniones divididas en las calles. La mayoría está en desacuerdo con la decisión tomada por la Corte Constitucional que se conoció este jueves.Franklin Avilés, un ciudadano de Guayaquil, considera que aunque sea como medida disuasiva los militares deben continuar en las calles realizando operativos, pero admite que casi no ha sentido la presencia de los uniformados en las últimas tres semanas.“Esperaba ver a más militares y camiones. Las Fuerzas Armadas dijeron que saldrían 1.500 hombres armados y solo he visto a cuatro o cinco en una esquina”, expresa el adulto mayor, que caminaba por la 9 de Octubre este viernes hacia una entidad bancaria.En ese sector también estaba Geoconda Moreno. Ella estaba en la fila de un cajero y miraba de un lado a otro.“Aquí en la zona bancaria deberían estar siempre los operativos con militares y policías porque a uno lo van matando por robarle la mochila o la cartera, sin importar si está o no sacando dinero”, indica la ciudadana de 45 años, quien se muestra contraria a la salida anticipada de los militares.Los miembros de las FF. AA. estarán en las calles solo hasta el 18 de noviembre y no hasta el 18 de diciembre como había decretado el presidente Guillermo Lasso.El primer mandatario firmó el estado de excepción hace tres semanas cuando se registraron doce muerte violentas en Guayaquil, solo durante un fin de semana. Incluso un niño de 11 años murió durante un intento de asalto en una cafetería del sur de la urbe porteña.Pero los miembros de la Corte Constitucional además de reducir el tiempo de intervención militar por supuestamente no estar justificado el estado de excepción, realizaron además una nueva observación al rol de las Fuerzas Armadas.Determinaron que la movilización de sus miembros se limitará a las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos, por ser estas circunscripciones en las que el presidente justificó la declaratoria, dice la resolución de la Corte, por lo que ya no se puede extender a otras provincias, como dejaba abierta la posibilidad el presidente.Soledad Espinoza, una madre de familia del suburbio, también considera vital que los militares sigan en las calles. Ella explica que en su sector casi a diario ha visto el control que hacen los uniformados (policías y militares) a la bajada del puente de la calle 4 de Noviembre.“Me da cierta tranquilidad porque hasta en la madrugada me asomo y los veo en la esquina parando a los carros. El presidente debería estar aquí poniendo frente a esas decisiones y buscando la manera de que los militares sigan en los operativos, está más que justificado el estado de excepción. No podemos normalizar la matanza en las cárceles y en las calles”, dice Espinoza.En los operativos del suburbio este viernes estuvo a cargo el alférez Omar Toapanta, quien menciona que aún no han sido notificados de que solo harán operativos hasta el 18 de noviembre. Hasta las 11:00, los militares habían revisado más de 30 carros en la calle 4 de Noviembre con la ayuda del can Rony, entrenado para detectar drogas.La Gobernación del Guayas esta semana anunció que durante el estado de excepción, desde el 19 de octubre al 3 de noviembre, en los operativos se logró la detención de 642 personas por distintos delitos, 97 armas de fuego, 59 armas blancas, 16 bandas desarticuladas, 34 carros recuperados, 181 motos recuperadas, y el decomiso de 1,7 toneladas de droga, solo en la provincia.Además, la Corte Constitucional especificó el 6 de octubre pasado que la emergencia carcelaria era constitucional solo si las Fuerzas Armadas se limitaban al control exterior de las cárceles, obligándolos a salir de su interior y dejando únicamente a la Policía y guías penitenciarios.Ante esta decisión hubo quienes se alarmaron, pues consideran que los policías deberían ingresar acompañados de los militares a los pabellones, sobre todo, cuando hay amotinamientos.“Es por seguridad, todos sabemos que los presos están más armados que los policías y dejar ahí adentro solo a los policías y a los guías desarmados es una locura. Creo que deberían defenestrar a los guías y que los militarse se hagan cargo de las cárceles”, cree Franklin Avilés, quien este viernes estaba en el cuartel Modelo esperando a un familiar que ponía una denuncia por robo.Según cifras de la Policía Nacional, desde que empezó el estado de excepción (del 18 de octubre al 5 de noviembre) se han registrado 115 muertes violentas a nivel nacional, pese a que los militares salieron a las calles. Hasta este 5 de noviembre se habían registrado a nivel nacional 2.000 asesinatos a nivel nacional. El año pasado, en el mismo lapso, fueron 1.090 casos. Lasso ‘respeta’ la decisión del Constitucional El presidente Guillermo Lasso ha asegurado este viernes en Madrid que como “demócrata respeta” el dictamen de la Corte Constitucional que limita a un mes el estado de excepción y se ha rehusado a aclarar si lo renovará, a la espera de ver sus “resultados”.“Soy un demócrata que respeta la institucionalidad, independientemente de que comparta o no (la decisión)”, ha declarado Lasso, en una entrevista a Europa Press, en la que ha dicho “respetar” la posición de los jueces.El presidente tiene ahora en su mano plantear una nueva prórroga a la Corte Constitucional, que ha apuntado que deberá estar debidamente justificada, pero Lasso ha evitado pronunciarse a este respecto.“Por el momento no lo hemos pensado”, ha aseverado, a la espera del “final de los 30 días” y de analizar unos resultados que, por ahora, son “positivos”.La Corte dispuso al presidente, una vez que concluya la vigencia del estado de excepción, que remita a la Corte Constitucional el informe correspondiente en el que se indique lo siguiente: las medidas concretas adoptadas para superar la crisis por el desbordamiento de actos delictivos; y las medidas que se adoptarán a corto, mediano y largo plazo a efecto de fortalecer el sistema de seguridad interna.Finalmente, dispuso que la Defensoría del Pueblo realice el seguimiento a las acciones que corresponden al estado de excepción e informe al respecto a la Corte Constitucional. (I)

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