Para casi todas las prefecturas de la Costa se han presentado solicitudes de seguridad, según Congope

Los gobiernos locales pidieron al Gobierno central que transparente el denominado Plan Fénix. Esa medida gubernamental incluye operaciones conjuntas entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en medio de un estado de excepción con toque de queda focalizado.

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Paola Pabón, presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), señaló que hay funcionarios que están siendo extorsionados en los gobiernos locales.

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“Son gobiernos locales, municipios pequeños en donde lastimosamente el crimen organizado busca asidero (...), es evidente que el plan no está funcionando”, dijo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de representantes de gobiernos locales de la Amazonía, en la cual se quejaron de la falta de asignaciones presupuestarias desde el Ejecutivo.

Las autoridades locales se solidarizaron con el pueblo de San Vicente tras el asesinato de Brigitte García, alcaldesa de ese cantón, en la provincia de Manabí.

Pidió al Gobierno que específicamente diga cuál es la seguridad no solo para los funcionarios públicos, sino también para la ciudadanía en general.

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A decir de Pabón, en la provincia de Esmeraldas hay cada vez menos presencia del Estado, así como del Gobierno central y de las administraciones locales, en general.

La funcionaria indicó que tras el crimen de Agustín Intriago, perpetrado el 23 de julio del 2023, hubo una reunión con el entonces presidente Guillermo Lasso y se dio a conocer un plan de alertas.

Además, que se han presentado las solicitudes de seguridad para algunas prefecturas de la Amazonía, casi todas de la Costa ecuatoriana y de la Sierra, como Santo Domingo de los Tsáchilas y del Cañar.

Esa información -agregó- tiene la Policía Nacional.

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Para Pabón, sin un liderazgo nacional en el tema de seguridad -de manera positiva- es muy difícil que alcaldes y prefectos tengan un rol, a pesar de que en muchas localidades están asumiendo el apoyo en logística para que los organismos de seguridad cumplan con su trabajo.

Puntualizó que están adecentando, por ejemplo, unidades de Policía Comunitarias (UPC), entregan motocicletas, patrulleros tomando en cuenta que no tienen recursos económicos.

Según el Congope, la deuda que mantiene el Ejecutivo con las prefecturas asciende a $ 518 millones. (I)