La comuna ancestral Bajada de Chanduy y comunas de Santa Elena rechazaron la decisión de la jueza Tannya Guzmán en Santa Elena, que no dio paso a la acción de protección presentada para detener la construcción de la cárcel de máxima seguridad.
La tarde del viernes, 20 de diciembre, se había reinstalado la diligencia por la acción de protección que interpusieron los comuneros de Bajada de Chanduy en la Unidad Judicial de Santa Elena para intentar detener la construcción de la cárcel de máxima seguridad que se edifica en Juntas del Pacífico.
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Los lugareños llegaron con carteles para exigir que el dinero destinado a esa obra mejor sea asignado a mejoras en el ámbito educativo, salud y programas sociales.
También se quejaron de que desde la edificación de la “cárcel del encuentro” se han registrado secuestros, extorsiones y balaceras.
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Este sábado, en una rueda de prensa transmitida en redes sociales, luego de la resolución judicial, la defensa técnica del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) anunció que planteó una apelación y hará una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Argumentaron que es por poner en riesgo no solamente el derecho de la propiedad comunitaria, sino el derecho de que haya un medioambiente sano.
Fabricio Hermenejildo Montaño, presidente de la comuna Bajada de Chanduy, mencionó que se expuso en la audiencia la contaminación que actualmente hay por la construcción. Adujo que hay un drenaje de residuos que afecta a uno de los ríos que abastecen al río Grande, que dota de agua a la zona agrícola.
Otros dirigentes comunitarios de Santa Elena indicaron que se presentarán otras acciones de carácter internacional. La Corte Provincial de Justicia resolverá la apelación. (I)