El Gobierno ha perdido casi dos años sin solucionar fallas del Sistema de Rehabilitación Social, del que dependen casi 40 mil personas que son parte de la población penitenciaria del país, según el más reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional que ha empezado a revisar el cumplimiento de los dictámenes emitidos a los decretos de estados de excepción del 2019 y 2020 declarados por el Ejecutivo a los centros de privación de libertad.