La Fundación Ciudadana y Desarrollo, a través de sus observatorios de Gasto Público y Seguridad, Crimen y Defensa, publicó un informe sobre los gastos en contratación pública y los procesos contractuales de la entidad encargada del sistema penitenciario, que han tenido un aumento significativo en los recientes años.
En el análisis, que consta de 28 páginas, la fundación expone que en los últimos años se evidencia un incremento de recursos destinados a resolver la crisis carcelaria, aunque en la gestión se reflejarían una serie de “irregularidades”.
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En los recientes años, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) ha tenido que enfrentar una crisis carcelaria con problemas de hacinamiento y también de escenarios de violencia en el interior de varias cárceles, como las de Guayaquil, Latacunga y Santo Domingo.
La población penitenciaria alcanza una cifra de 32.941 personas privadas de libertad (PPL), quienes reflejarían un hacinamiento del 18,86 %, según datos del SNAI recogidos en el informe.
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En este se resalta que la desatención histórica en la infraestructura penitenciaria se refleja en que solo $ 3,5 millones se destinaron entre 2020 y 2023 para obras.
En contraste, en 2024 se destinaron $ 52 millones para construir un nuevo centro penitenciario en Santa Elena. Solo ese contrato representó alrededor del 40 % de los $ 131 millones gastados en cinco años, según la entidad.
En el informe se expresa la inquietud por la reserva de la gestión contractual del centro penitenciario de Santa Elena.
“Si bien el SNAI enfrenta la urgente necesidad de resolver los problemas estructurales en el sistema penitenciario, el manejo inadecuado de los recursos y la opacidad en los procesos de contratación pueden socavar la confianza pública y la eficacia de las soluciones propuestas”, se declara en el documento.
Entre 2020 y 2024, las contrataciones de obra, servicio y bienes aumentaron a $ 131 millones. En ese mismo periodo, de acuerdo con el informe de la fundación, el presupuesto se incrementó aproximadamente catorce veces por las deficiencias del sistema.
“La Contraloría ha identificado deficiencias importantes, como la falta de entrega de materiales y la ausencia de actas de recepción en varios contratos, lo que pone en evidencia la ausencia de control adecuado en la ejecución de los mismos”, se indicó por parte de la entidad.
Esa situación, según el informe, se ha visto en 21 convenios de pago entre el ente competente del sistema carcelario (SNAI) y sus proveedores, por un monto de 81 millones.
Análisis de modalidades de contratos
En torno al análisis de los procesos de contratación, el informe expone que se adjudicaron 551.
La modalidad más significativa en términos económicos está relacionada con contrataciones de empresas públicas extranjeras, como la de la cárcel de Santa Elena.
Le sigue la licitación pública, con dos procesos de alimentación que suman un total de $ 35,40 millones y que fueron adjudicados por separado a Gourmet Food Service GFS S. A. y Lafattoria S.A.
Después continúan los procesos de emergencia, con 16 adjudicaciones por $ 10,19 millones. Esta última modalidad, según el análisis, respondería a crisis penitenciarias y, en la práctica, permitiría “adjudicaciones directas sin competencia y una respuesta a la falta de planificación”.
El ente también usó mecanismos como la contratación interadministrativa, con quince procesos, y el uso de catálogos electrónicos, por $ 8,47 millones y $ 6,33 millones, respectivamente.
En el promedio de oferentes en los procesos de obra pública se refleja un aumento de 30 en 2024, mientras que en 2023 fueron catorce y en 2021 solo doce.
Contratos más costosos
Entre los procesos más costosos del SNAI, de 2020 a 2024, se sumaron un total de $ 108 millones, lo que refleja el 82 % del valor adjudicado durante ese periodo. Estos datos reflejan la concentración de recursos en grandes procesos, sobre todo en áreas clave como infraestructura penitenciaria, equipamiento de seguridad y servicios de alimentos.
En este listado figura en primer lugar la cárcel de Santa Elena, con un costo de $ 52,17 millones.
El segundo contrato más costoso tuvo relación con el servicio de alimentación, con un presupuesto de $ 23 millones aproximadamente, adjudicado a Lafattoria S. A. Le sigue otro proceso de alimentación con Gourmet Food Service GFS S. A., por $ 12 millones.
Recomendaciones
En este análisis, los observatorios recomiendan establecer mecanismos para mejorar la planificación ante situaciones de emergencia, implementar un proceso de debida diligencia para contratos con empresas extranjeras, desarrollar una comunicación efectiva con proveedores y ciudadanos, además de fortalecer los marcos normativos en materia de inversión extranjera, contratación pública y concesiones, así como un proceso de debida diligencia con contratos con empresas extranjeras. (I)