La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, acudió este viernes 15 de mayo de 2026 a la Fiscalía Provincial de El Oro, en Machala, para presentar una denuncia por el asesinato de la jueza Lady Gissela Pachar Huanga.
El crimen ocurrió el pasado 11 de mayo en la capital orense.
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Ataque armado en Machala: jueza fue asesinada cuando se movilizaba en su vehículo
Durante su comparecencia, Caicedo sostuvo que la muerte de la servidora judicial no puede quedar en la impunidad y afirmó que la institución seguirá de cerca el avance de las investigaciones para que se identifique y sancione a los responsables del ataque.
Lady Pachar, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Santa Rosa, fue asesinada la tarde del lunes 11 de mayo mientras se movilizaba en un vehículo por el sur de Machala.
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El hecho generó conmoción en la Función Judicial y reabrió el debate sobre la seguridad de jueces y fiscales en Ecuador.
Cuestionamientos sobre la seguridad judicial
El Consejo de la Judicatura informó previamente que la magistrada tenía medidas de protección asignadas, aunque estas no se encontraban operativas al momento del ataque.
Esa circunstancia ha provocado cuestionamientos sobre el alcance y la efectividad de los esquemas de seguridad destinados a operadores de justicia amenazados.
En su intervención, Caicedo también señaló que el organismo ha solicitado información a las direcciones provinciales para establecer cuántos jueces y funcionarios judiciales han reportado amenazas y qué tipo de protección mantienen actualmente.
El objetivo, dijo, es construir una respuesta institucional más clara frente a los riesgos que enfrenta el sistema judicial.
La titular de la Judicatura remarcó que el Consejo no tiene competencia directa para asignar custodia policial, pero sí puede coordinar acciones con las entidades responsables de la seguridad y promover mesas técnicas para revisar los casos más delicados.
Tras el asesinato de Lady Pachar, el CJ anunció medidas urgentes para reforzar la protección de operadores de justicia a escala nacional.
Caicedo vinculó la protección de los jueces con la independencia judicial y advirtió que un servidor que trabaja bajo miedo no puede ejercer sus funciones en condiciones adecuadas.
En esa línea, insistió en que la respuesta estatal debe ir más allá de los pronunciamientos y traducirse en acciones concretas de prevención y acompañamiento.
El asesinato de Lady Pachar se convirtió en uno de los casos más sensibles para la Función Judicial en 2026. (I)