Los dos atentados con explosivos registrados la noche del jueves 26 de febrero en Machala estarían relacionados con la confrontación entre organizaciones criminales que operan en la provincia de El Oro.
El coronel Renato González, comandante de la Policía Nacional de la Zona 7, indicó que la principal hipótesis investigativa apunta a que los ataques serían una acción del grupo Los Lobos para debilitar a la estructura conocida como los SaoBox, vinculada a alias Saoco.
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El primer hecho ocurrió en Urdesa Este, donde varios sujetos colocaron explosivos en la parte frontal de una vivienda, provocando daños estructurales y afectaciones a un vehículo blanco estacionado en el exterior.
En este atentado resultó herido un menor de 16 años, quien fue trasladado a una clínica privada y permanece bajo atención médica con múltiples lesiones.
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Casi de manera simultánea se produjo una segunda explosión en una vivienda ubicada en la calle Manuel Estomba.
Según el comandante de la Zona 7, ese inmueble habría sido habitado tiempo atrás por la madre de alias Saoco.
Por otro lado, el oficial mencionó que los dos ataques anteriores contra los abogados que ejercían la defensa técnica de alias Saoco habrían sido ejecutados por integrantes de la misma banda, presuntamente como represalia por no haber evitado la emisión de la difusión roja internacional.
“Se presume claramente que es una represalia”, sostuvo González al referirse al contexto que rodea los recientes atentados.
El oficial explicó que, tras la notificación internacional emitida para la captura de alias Saoco, se habría generado una reacción interna.
Ahora, con el señalado bajo alerta internacional, la Policía no descarta que el grupo rival esté intentando aprovechar la coyuntura para afectar su entorno cercano y reducir su capacidad de influencia.
González contextualizó que la escalada de violencia en El Oro se intensificó desde mediados de 2024, tras el fraccionamiento de la organización Los Lobos, cuya disidencia decidió llamarse SaoBox por sus cabecillas alias Saoco y Boxeador.
En ese escenario surgieron nuevas estructuras y disputas territoriales, especialmente en Machala y otros cantones, como El Guabo, Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas.
El comandante señaló que el 97 % de las muertes violentas registradas en la provincia estarían vinculadas a violencia criminal organizada, mientras que un 3 % correspondería a conflictos interpersonales.
En relación con los panfletos hallados en hechos anteriores, González precisó que no pueden considerarse prueba concluyente sin respaldo pericial. “Un panfleto es un anónimo”, dijo.
Las unidades especializadas revisan cámaras de seguridad y otros elementos técnicos.
Durante su intervención, el comandante también insistió en la necesidad de reformar la ley de control de explosivos.
Advirtió que existen debilidades en la trazabilidad del material que reciben ciertas concesionarias mineras, lo que podría facilitar desvíos hacia estructuras delictivas.
“No podemos descartar contrabando desde Perú, pero también hay explosivos legales cuya trazabilidad debe fortalecerse”, manifestó.
Las investigaciones permanecen abiertas para determinar la conexión directa entre ambos atentados y establecer responsabilidades en medio de la disputa entre grupos criminales que impacta a la capital orense. (I)