Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde diciembre del 2018 hasta mayo del 2020, pidió al fiscal Eduardo Díaz que se abstenga de acusarlo en la investigación que se sigue en su contra por presunta delincuencia para la compra de insumos médicos en los hospitales públicos del Seguro.

Aquello lo refirió en una carta firmada por su abogado Juan Carlos Salazar en la que asevera la falta de existencia “de elementos de convicción” fundamentados en su contra dentro del proceso que sigue en etapa preparatoria de juicio.

En esta causa judicial también están procesados los hermanos Jacobo, Michel y Abdalá Bucaram Pulley, al igual que la esposa de este, Gabriela Pazmiño, los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, y otros exfuncionarios de los hospitales IESS Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo.

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En la carta dirigida al fiscal Díaz, quien asumió la representación de la entidad en reemplazo de su colega Claudia Romero, el expresidente del Consejo Directivo del IESS, quien cumple arresto domiciliario, aseguró no conocer a ninguno de los vinculados, excepto a Abdalá Bucaram Pulley de manera “superficial” y por razones “políticas”. Además consideró llamativo que no se vinculó a otros presidentes o vocales del Consejo que se desempeñaron entre el 2016 y 2018.

“Jamás me he reunido con ellos para acordar cargos, contratos, ni he entregado ni recibido beneficio alguno”, señaló Granda en la misiva, al aducir que las versiones de los procesados ratifican aquello.

Sobre la presencia de su nombre en las bitácoras del hotel Hilton Colón, donde Daniel Salcedo tenía una suite, dijo que “no son argumento ni mucho menos prueba” de la supuesta reunión y de una conversación ilícita.

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Además, el exfuncionario de Gobierno consideró que se lo vincula al proceso de manera “injusta” y sostiene que existen informes de diversas instituciones públicas, como Contraloría, Fiscalía, Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Superintendencia de Compañías, que detallan, según Granda, que no forma parte de ninguna de las empresas en la que participan los procesados o las que realizaron convenios o contratos con hospitales, ni evidencia movimientos ni intercambios financieros con los investigados, que no hay indicios de movimientos inusuales o incremento patrimonial injustificado y que está al día con sus obligaciones tributarias.

Agregó que ninguno de los argumentos presentados en la acusación contra él “acreditaba elementos suficientes de convicción” para imputar su responsabilidad en la conformación, participación y gestión directa o indirecta del supuesto delito de delincuencia organizada.

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“No ejercí cargo administrativo o de dirección, no fui director como muchos equivocadamente citan, incluso en informes, fui miembro y presidente del Consejo Directivo del IESS, por lo tanto no tenía competencia ni nunca firmé convenios, contratos, ni autoricé pagos o gastos”, señala.

También adujo que la Fiscalía revisa contratos que datan del 2016 al 2018, periodo en el que aún no estaba en funciones en el IESS; luego se añadieron otros que el propio Granda denunció hasta el 2020. (I)