La Fiscalía General del Estado, durante una audiencia realizada entre el 2 y 3 de junio, reveló que Verónica B., pareja sentimental de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, habría realizado pagos injustificados a funcionarios públicos y miembros de grupos delictivos organizados (GDO).
Estas transacciones, detectadas en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), forman parte de un esquema de lavado de activos que involucró movimientos financieros por $ 2′407.594,73 entre 2016 y 2023.
Seis familiares de ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, fueron detenidos por caso de lavado de activos
La audiencia se llevó a cabo tras la detención de seis familiares y allegados de Fito el 2 de junio en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha, en el marco del caso Blanqueo Fito.
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Según el informe de la UAFE presentado por la Fiscalía, Verónica B. habría transferido dinero desde sus cuentas bancarias a diversos funcionarios públicos sin justificación económica ni respaldo documental.
Entre los destinatarios se encuentran la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, un bombero del Cuerpo de Bomberos de El Palmar, un recaudador de la Empresa Pública de Desarrollo Urbano de Pedernales, un cabo primero en servicio activo de la Policía Nacional, también un funcionario del Centro de Rehabilitación Social Mixto de El Oro, otros funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y una funcionaria portuaria de la provincia de Manabí.
Además, el ROII señala pagos a personas vinculadas a otras organizaciones criminales, como Liseth C. y Lady R., sentenciadas en el caso Blanqueo Júnior, por su relación con Júnior Roldán, líder de Los Águilas y aliado de Los Choneros, asesinado en 2023 en Manabí. Estos movimientos sugieren que Verónica B. no solo gestionaba finanzas dentro de su entorno familiar, sino que también canalizaba fondos hacia estructuras delictivas y funcionarios públicos, presuntamente para facilitar operaciones ilícitas de Los Choneros.
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Verónica B., odontóloga de 31 años, habría manejado $ 1′013.490 a través de seis cuentas bancarias entre 2020 y 2024, según la Fiscalía. Las transacciones incluyeron pagos en efectivo y transferencias a familiares, como su madre, padre, hermano y hermana, así como a familiares de Fito.
Estas operaciones se realizaron a través de empresas de fachada, como una ferretería, embotelladora de agua, una de limpieza y otra de transporte de carga, que carecen de infraestructura física verificable y fueron utilizadas para simular actividades lícitas, según la Superintendencia de Compañías.
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El operativo “ Centinela 6, ejecutado el 2 de junio de 2025, resultó en la detención de seis personas cercanas a Fito: Yandry M. (hermano de Fito), Jorge P. (cuñado), Ángel B. y Dolores Z. (padres de Verónica B.), José B. (hermano de Verónica B.) y la propia Verónica B., quien ya se encontraba recluida en la cárcel de mujeres de Guayaquil por un proceso previo de delincuencia organizada desde su detención el 30 de mayo de 2024.
Los 33 allanamientos realizados en Manta, Portoviejo, Quito y Guayaquil permitieron la incautación de 46 inmuebles y 26 vehículos, valorados en $ 12 millones, adquiridos presuntamente con fondos ilícitos. Entre los bienes se encuentran una lujosa vivienda en el barrio San Agustín de Manta y una villa con piscina en Manabí. También se decomisaron dispositivos electrónicos, armas de fuego, municiones y escrituras de compraventa, que están bajo análisis para determinar su relación con el lavado de activos.
La audiencia culminó con prisión preventiva para los seis detenidos, mientras las investigaciones continúan para esclarecer la magnitud de la red de lavado de activos.
Defensa de Verónica B. cuestiona limitaciones al derecho a la defensa en audiencia por lavado de activos.
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En la audiencia, el abogado defensor de Verónica B. expresó ante el juez su inconformidad con el proceso seguido contra su representada, quien ya se encuentra privada de libertad por un caso previo de delincuencia organizada.
Aunque no refutó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía, dado el actual estado de reclusión de Verónica B., el abogado destacó que la defensa ha manifestado desde el inicio del caso su preocupación por las limitaciones al derecho a la defensa de los procesados, subrayando presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso. (I)
