Los nueve integrantes de una banda que se dedicaba al robo a personas en transporte público de Quito fueron procesados por presunta asociación ilícita. Una jueza aceptó el pedido de Fiscalía de declarar prisión preventiva a ocho de los procesados y otorgar medidas de presentación periódica a otra persona.

Las investigaciones para dar con los integrantes de esta banda se iniciaron el 22 de enero de este año. Después de cuatro meses de trabajo de las unidades de inteligencia de la Policía Nacional se determinó que el modo de operaciones era apoderarse de celulares y trasladarlos hasta un centro comercial ubicado en La Marín, en el centro histórico de la capital. En este lugar se vendían los productos robados.

Esta medida alternativa para uno de los procesados se otorgaría después de que su defensa presentó certificados médicos aduciendo delicado estado de salud. Sin embargo, durante la instrucción fiscal de 90 días también tendrá prohibición de salida del país.

Según la Fiscalía, entre los indicios presentados estaban celulares reportados como robados. Además, la fiscal María Belén Corredores, quien lleva el caso, presentó conversaciones mantenidas entre los procesados, obtenidas por interceptaciones telefónicas.

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La Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros informó que el 4 de mayo fueron detenidos los nueve integrantes de la banda durante el operativo Impacto 106 en colaboración con equipos de inteligencia de la Policía.

“En su poder se encontraron doce equipos móviles y dos mil dólares, los cuales no pudieron justificar su procedencia”, sostiene un comunicado.

El artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece el delito de asociación ilícita cuando “dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La Fiscalía informó que durante este tiempo se realizó la vigilancia y seguimiento a los ahora procesados, con autorizaciones judiciales. Los videos obtenidos durante la investigación revelarían cómo se habrían asociado ilícitamente para perpetrar los robos a los usuarios del transporte público, cumpliendo diferentes roles y funciones. (I)