Chongón vive bajo una creciente ola de extorsiones y amenazas. En este sector, ubicado a lo largo del kilómetro 24 de la vía a la costa, comerciantes, transportistas y ahora también docentes enfrentan presiones constantes por parte de bandas delictivas que exigen pagos a cambio de “seguridad”.
“Si no colaboras, les matamos a un estudiante”. Esa fue la advertencia que recibió, a través de un mensaje de texto, una maestra de una escuela fiscal del sector.
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No pedían una suma específica, pero dejaban claro que debía pagar.
La directora del plantel llegó a considerar cerrar la unidad educativa y pasar a clases virtuales, pero decidió mantener la jornada de manera presencial, ya que al comunicarle lo ocurrido a la Policía recibieron resguardo policial los días posteriores. Sin embargo, el temor persiste en toda la comunidad educativa, como en los padres de familia de los alumnos.
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Un sábado por la tarde, cuando se esperaba que el comercio esté en su punto más alto, las calles principales de Chongón estaban desoladas. Eran las 15:00 y la mayoría de los locales comerciales permanecían cerrados. Solo algunos abrían con timidez, entre rejas, o atendían desde la puerta de su propio domicilio.
En una de esas tiendas, una comerciante dio detalles sobre la situación que atraviesa Chongón. “Todos los negocios que están cerrados han sido extorsionados. Y los que aún seguimos abiertos es porque están pagando”, dijo la mujer, que por temas de seguridad pidió que no se revele su nombre.
Añadió que desde hace semanas, en Chongón la gente vive bajo un toque de queda no oficial. “A partir de las seis de la tarde todos cierran. Nadie puede salir, porque es muy peligroso”.
Los relatos recogidos por este Diario revelan una red de extorsiones generalizadas.
Los cobros varían según el tamaño del negocio; talleres, ferreterías, tiendas y restaurantes reciben exigencias de entre $ 3.000 y $ 10.000 como “cuota inicial”.
Luego deben pagar mensualidades de $ 800 a $ 1.000. Quienes se niegan, enfrentan represalias, según testimonios de habitantes del sector.
El pasado 25 de mayo, un gimnasio fue atacado con una bomba casera luego de que el dueño denunciara el intento de extorsión.
En otro caso, ocurrido el 17 de mayo, un comerciante que alquilaba lavadoras fue secuestrado por desconocidos, quienes le exigieron $ 20.000. “Le dieron tres horas para conseguir el dinero. Luego, tomó lo que pudo y huyó del sector”, contó una allegada de la víctima.
Otra situación similar le ocurre a los conductores de tricimotos. Según versiones de moradores, los choferes deben pagar $ 30 mensuales, monto recaudado por dirigentes de sus cooperativas.
En el caso del transporte urbano, cada bus debe entregar $ 50 al mes, y los extorsionadores acuden a cobrar el 17 de cada mes.
El 6 de abril del presente año, en un asadero de la zona, el administrador fue asesinado luego que se conociera públicamente que el local había sido víctima de extorsión.
En otro hecho similar, el propietario de un local de venta de celulares fue asesinado tras negarse a pagar el valor que exigían los presuntos vacunadores.
Otro caso alarmante ocurrió en una tienda ubicada en el ingreso del kilómetro 24.
Allí se colocó un artefacto explosivo y su dueño fue secuestrado. Posteriormente fue liberado tras el pago de un rescate. Todos estos hechos fueron relatados a este Diario por allegados de las víctimas, quienes pidieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias.
Los vecinos aseguran que Chongón ha sido repartido por bandas criminales. Los Fatales operarían en Colibrí 1, Colibrí 2 e Isla Bonita, mientras que Los Lobos estarían presentes en San Gerónimo 1 y 2. “Estamos sectorizados. La gente ya sabe a quién le toca pagar”, dijo una vecina.
Frente a esta situación, los moradores piden mayor presencia policial. Reclaman que la actual Unidad de Policía Comunitaria (UPC) sea reemplazada por una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) con más capacidad de respuesta e inteligencia operativa.
“Necesitamos inteligencia policial”, dijo una moradora. Ella, además, explicó que Chongón tiene una sola entrada y salida, lo que facilitaría operativos y controles más eficientes.
La comunidad espera que las autoridades actúen con mayor firmeza para recuperar la tranquilidad en el sector. (I)