Estas son las restricciones y medidas que rigen en las cárceles por estado de excepción vigente

Desde el 24 de julio rige el estado de excepción en el sistema carcelario de Ecuador, dispuesto por el Gobierno nacional a raíz de la masacre de 31 reos registrada en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

En otros reclusorios también hubo incidentes y aquello motivó la medida vigente por 60 días. La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 823, firmado el 24 de julio.

Militares y policías ejecutan intervención en la cárcel Regional, donde permanece recluido alias ‘Fito’, líder de Los Choneros

La mañana de este sábado, 12 de agosto, militares y policías ejecutan una intervención en el Centro de Rehabilitación Social Guayas número 4, más conocido como cárcel Regional, donde está recluido Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda delictiva Los Choneros.

Trascendió que este reo y otros dos cabecillas de bandas serán trasladados a La Roca, una cárcel considerada de máxima seguridad ubicada también en Guayaquil.

El estado de excepción permite, entre otras cosas, la intervención de las Fuerzas Armadas dentro de las cárceles de manera excepcional, temporal, subsidiaria y exclusiva ante situaciones de graves alteraciones del orden.

En el marco del estado de excepción estas son las restricciones y medidas dispuestas para las personas privadas de libertad (PPL) mientras dure la medida:

• Suspensión al derecho de la inviolabilidad de correspondencia, que implica que ningún recluso puede tener acceso a carta, comunicación, misivas, en cualquier soporte, que no hayan sido previamente revisadas por la Policía Nacional o Fuerzas Armadas en los filtros de ingreso correspondientes.
• Igual restricción rige para el envío de información, es decir, ningún preso puede enviar cartas, comunicaciones, fotos o videos desde el interior de los centros penitenciarios.
• Suspensión del derecho a la libertad de reunión, que consiste en limitar la conformación de aglomeraciones y de espacios de reunión dentro de las cárceles, en el perímetro exterior y áreas de influencia durante las 24 horas del día.
• Se exceptúan expresamente las reuniones entre presos y sus defensores públicos o privados, las cuales tendrán lugar siguiendo los lineamientos que bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad establezcan las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
• Tanto Policía como Fuerzas Armadas están autorizadas para hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza en contextos de control del orden público, protección interna y seguridad ciudadana, según la Ley Orgánica que regula el Uso Legítimo de la Fuerza, particularmente en sus artículos 21, 29 y 31 y literales f y g del 32.

Durante el actual estado de excepción se han ejecutado operativos de control en los diferentes reclusorios. Por ejemplo, a inicios de este mes en medio de una incursión militar, los uniformados encontraron hasta un criadero de tilapias en el pabellón 12 de la Penitenciaría del Litoral.

En el lugar había una piscina que fue vaciada para buscar caletas con armas.

La mañana del viernes 4 de agosto, con una especie de lanza los militares levantaron el tumbado de las oficinas del SNAI durante la requisa que realizaron en dos cárceles de Guayaquil.

La intervención cubrió los pabellones de los CPL n.º 2 (mujeres) y CPL n.º 5 (varones) para el control de armas, municiones, explosivos y droga.

¿Qué dice el SNAI tras hallazgo de armas en tumbado de oficinas administrativas de cárcel de Guayaquil?

En esas revisiones, los militares y policías hallaron algo más que papeles administrativos en las oficinas del SNAI, el ente que lleva el manejo de las cárceles. La Fiscalía indicó que hubo droga, dinero, fusiles, municiones y explosivos en el interior de las áreas administrativas del centro penitenciario.

Luego de aquello, la Fiscalía anunció que los directores de los centros de Detención Provisional y de la Penitenciaría del Litoral, junto con cinco funcionarios administrativos y dos guías penitenciarios fueron aprehendidos en la urbe porteña. (I)