El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el Gobierno ha logrado “afectar como nunca antes” a las economías ilegales que operan en el país, producto de las operaciones realizadas contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En entrevista con Teleamazonas, explicó que la estrategia actual combina capturas de alto valor, destrucción de rutas y un golpe directo a los ingresos de las bandas.

Reimberg señaló que la administración ha centrado sus esfuerzos en desarticular a los líderes de las principales estructuras criminales.

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“Hemos agarrado a los delincuentes más peligrosos”, afirmó, al referirse a más de 18 objetivos de alto valor detenidos en lo que va del año y cerca de 300 capturados en estos dos últimos años, entre cabecillas y mandos medios.

El ministro añadió que la ofensiva no solo apunta a los jefes de las organizaciones, sino también a su capacidad financiera. “Hemos atacado a las estructuras económicas de estas organizaciones”, dijo.

Golpe a las finanzas criminales

En ese punto, resaltó los resultados obtenidos en materia de incautaciones de cocaína: “En incautaciones hemos superado las 515 toneladas de droga con una afectación de más de $ 9.000 millones a las organizaciones delictivas”, sostuvo al explicar que la política actual es decomisar y destruir la droga, y no almacenarla en bodegas como ocurrió en administraciones anteriores.

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El ministro destacó además que esta afectación económica no solo proviene del narcotráfico, sino también de otras actividades ilícitas.

Recordó las operaciones contra la minería ilegal, cuyos campamentos —según dijo— generaban más de un millón de dólares diarios para grupos criminales.

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También mencionó la ofensiva militar en la frontera norte, que dejó una pérdida estimada de más de $ 300 millones para otra estructura delictiva.

Reimberg insistió en que estos golpes han derivado en reacciones violentas de las bandas, lo que explica parte del incremento de muertes violentas en zonas donde se disputan el control de rutas de narcotráfico, especialmente en provincias costeras.

Sin embargo, sostuvo que el Gobierno mantendrá la estrategia. “Nuestro deber es que quienes estén implicados en delitos paguen las consecuencias”, dijo.

Planes futuros y modernización penitenciaria

El ministro también se refirió a los planes para 2026, entre ellos la modernización total del ECU-911 con la instalación de más de 20.000 cámaras, la entrega de nuevos vehículos y equipos para la Policía, y la puesta en operación completa de la cárcel del Encuentro, donde anticipó que se trasladará a sicarios y cabecillas detenidos.

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Afirmó que para el próximo año avanzará la construcción de un nuevo centro penitenciario, con capacidad para más de 15.000 personas privadas de libertad, una obra que calificó como “clave” para separar a los criminales de alta peligrosidad del resto de la población carcelaria. (I)