Dos meses. A Abel Carrera le faltaban dos meses para recuperar su libertad. El próximo 24 de noviembre cumpliría su condena de dos años y medio de prisión por el robo de un celular, el 24 de mayo de 2019. Ese día salió de casa, desde el suburbio de Guayaquil, con un parlante portátil que reproducía sus melodías tropicales. En la esquina, unos amigos lo esperaban para “joder por ahí” a bordo de una tricimoto, que horas más tarde fue usada para la fuga.

“Abelito no robó, uno de sus amigos lo hizo, pero lo acusaron por estar con ellos”, lamenta su madre, Carlota Luna, sobre aquella noche en la que –recuerda– abrazó por última vez a su hijo, de 32 años. No sabía que sería la última. Jamás lo imaginó, a pesar de los conflictos y enfrentamientos que se daban en la Penitenciaría del Litoral, donde estaba recluido. Ella se decía “mi Abelito no se deja matar, es avispado, ágil, salta pared, se esconde”.

Pero no pudo escapar. El 28 de septiembre, durante la mayor masacre registrada en esta cárcel de Guayaquil, lo alcanzó una bala por la espalda en su intento por huir del pabellón 5 al 6. Los detalles de ese momento los conoció Carlota, una semana después, por uno de los sobrevivientes. El líder del pabellón 5, llamado Alan –cuenta–, les alertó en la víspera de lo que sucedería y les entregó armas para defenderse.

“Se armó la balacera” y, horas después –continúa–, irrumpieron los presos, pero “disfrazados de policía”, simulando una requisa. “Los pusieron boca abajo –me cuenta el señor– y empezaron pum, pum”. Al ver esto, según detalla, los presos se levantaron y empezaron a correr. “Mi hijo saltó pared, iba para el 6 cuando le pegaron el tiro”, relata la madre del joven, que ha estado detenido cinco veces por robo y porte de armas.

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Le arrebataron a su único varón, quien -cuenta- le sobaba las piernas cuando volvía de trabajar y quien le ofreció, apenas recuperara su libertad, pasear por el malecón con ella y los tres hijos que dejó en la orfandad.

Cerca de dos meses después de esta masacre, Carlota reprocha que el Estado no garantizó el derecho a la vida de su hijo. “¿Por qué mezclan a toda la gente?, ese es el terrible problema”, critica esta mujer y recuerda que su hijo quería salir libre para trabajar. “Yo le decía, que al salir, se podía poner a cargar verdes (en el mercado), y él me contestó ‘sí, mamá’, porque eso era el infierno vivito”, lamenta esta madre que recibió la donación estatal del féretro y la bóveda para sepultar a su hijo.

“Me duele, porque no es un hijo, son tres hijos”, dice esmeraldeña que ha perdido dos hijos asesinados en prisión, uno en la calle y otro está preso

En los 28 meses que estuvo recluido no pudo visitarlo. Él le pedía que fuera, pero ella le decía “mejor no”. No porque no haya querido, explica, sino porque el dinero que gastaría en una prueba de COVID-19 prefería enviárselo “para que le den de comer”. Le cobraban por todo, asegura: “$ 7 por aseo, $ 13 con cabina, $ 13 por un pedazo de queso y $ 26 por las medicinas que en LEA –como antes se conocía al extinto neumológico Alfredo Valenzuela– daban gratis”.

Abel tenía tuberculosis, una infección que afectó sus pulmones y que era tratada con los fármacos que le daban gratis en la cárcel. Pero desde junio, asegura, tuvo que depositar en diferentes cuentas bancarias para que se los entreguen.

Lo que ganaba vendiendo jugos lo reunía para Abel, a quien no pudo volver abrazar. Solo alcanzó a besarle la frente fría, mojada por sus lágrimas, antes de darle su adiós, en el cementerio del Suburbio de Guayaquil. (I)