Era tiempo de confinamiento obligatorio por el COVID-19 y estaba prohibida, además de otras actividades, la velación de los muertos para evitar más contagios del virus. Pero hasta esto se cobró en unos casos, y quien terminó pagando por estos rubros fue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ente que cubre también servicios exequiales para sus afiliados y jubilados.

Aquella actividad se repetía y ocurrió sobre todo en Guayaquil, según los afectados y autoridades.

Por ello, la Fiscalía abrió un proceso penal contra cuatro ciudadanos que estarían involucrados en el delito de asociación ilícita para realizar cobros indebidos al IESS, por servicios exequiales o funerarios durante los meses de marzo, abril y mayo, los más críticos de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en el año 2020.

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Este jueves, 3 de marzo, el pedido de la Fiscalía fue aceptado por la jueza María Lorena Jaramillo, quien llamó a juicio a Dayanna G., José M., Leila V. y María Z. A ellos se los acusa de participar en este ilícito.

La fiscal Claudia Romero, a cargo de la investigación, contó durante su dictamen acusatorio que los procesados habrían adecuado sus actuaciones para obtener beneficios económicos por parte del IESS, a través de facturas por servicios funerarios a familiares de pensionistas y afiliados activos.

Estos servicios, además, no fueron entregados a los beneficiarios del llamado Auxilio para funerales del IESS, que cubre conceptos como cofre mortuorio, servicio de velación, servicio religioso, entre otros.

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“Este concierto de voluntades para cometer el delito se habría ejecutado entre marzo y mayo de 2020, aprovechando el exceso de mortalidad producto de la pandemia, especialmente en la ciudad de Guayaquil”, cita la Fiscalía.

Como las prestaciones de una funeraria incluían servicios religiosos y de velación por $ 1.357,73, el monto máximo del subsidio, los implicados habrían reajustado esos montos para obtener el valor completo del fondo de auxilio. Esto pese a que por disposición del COE nacional estaban prohibidas actividades como velación, servicios religiosos y otros para quienes fallecían en esos meses pandémicos del 2020. Y como esto estaba suspendido, no se podía cobrar.

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En un comunicado de la Fiscalía se indica que la fiscal Claudia Romero sustentó su acusación en más de noventa elementos de convicción, como el parte de detención de los procesados.

A Dayanna G., una de las procesadas, se la aprehendió en delito flagrante, cuando entregaba dinero a un funcionario del hospital del IESS de Los Ceibos para que le entregara información sobre los decesos en esa casa de salud, se dijo.

Fiscalía también presentó las versiones de los familiares de quienes serían las víctimas. Ellos contaron que no solicitaron servicios facturados.

Otro de los elementos de convicción sería el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y las pericias grafotécnica y documentológica, que señalan que las firmas de las solicitudes de servicio no coinciden con las de las facturas presentadas, agrega la Fiscalía en el comunicado de prensa.

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También consta el resultado de la pericia de extracción (o explotación) de información del dispositivo telefónico de una de las procesadas, en el que se hallaron conversaciones entre los procesados, donde se coordinaba también la entrega de datos de personas fallecidas en varios hospitales de Guayaquil, se indicó.

La jueza dispuso que se mantengan las medidas cautelares para los procesados y que además se inicie una investigación por las actuaciones de la compañía Servicios Exequiales IESS, incluidos sus directivos, con la que se realiza el proceso de auxilio para funerales.

Ahora se espera la fijación de la fecha y hora para el juicio de los cuatro procesados en este caso.

De ser encontrados culpables, pueden ser sancionados con prisión de tres a cinco años, como dicta la norma para la asociación ilícita, según el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)