Las alertas por explosivos se han duplicado este año en Guayaquil, Durán y Samborondón; el GIR ha atendido 44 eventos

El estallido de un taco de pentolita cimbró el suelo e inmediatamente provocó una densa nubosidad gris en la que una llanta volaba por varios segundos tras contener el poder de la onda expansiva.De esa manera, equipos antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional hicieron una demostración de la fuerza de los artefactos instalados el pasado miércoles en las inmediaciones de la Unidad Judicial Penal Norte 2, en el Albán Borja, en el norte de Guayaquil.Esa mañana, nueve cartuchos de pentolita estaban distribuidos en cinco puntos que rodeaban el complejo judicial, en una forma de 180 grados. Estos artefactos estaban abandonados en el interior de cartones y fundas en la zona de estacionamientos y de vegetación del mall .Al costado derecho del ingreso a la unidad judicial había cuatro tacos (de 450 gramos cada uno), dos de frente, y al costado izquierdo los otros tres con uno en cada puesto.Al haber detonado uno de estos artefactos se podría haber tenido una onda expansiva de 50 a 70 metros a la redonda, que podría haber generado en un episodio de tragedia. Los daños habrían sido considerables en vehículos y ciudadanos que se encontraban en esa zona, donde suele concentrarse gran número de asistentes a la unidad judicial, un centro comercial y una universidad cercana.Sin embargo, el panorama no pasó a mayores. Ante la alerta, los equipos antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate hicieron un barrido en la zona y se encargaron de retirar de manera segura los explosivos para salvaguardar la integridad de personas y bienes de la zona.El mismo día de este episodio se revisaban pedidos de habeas corpus de Júnior Roldán, señalado por autoridades como líder de Los Choneros, en esa unidad judicial. En una de las audiencias se le concedió el traslado a una casa de salud hasta que su salud mejore, luego de la presentación de certificados médicos que avalan varias enfermedades que padecería el recluso.Este jueves 21, el mayor Luis Fernando Rodríguez, jefe subrogante de la Zona 8 del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), ofreció detalles de los explosivos encontrados y sugirió a la ciudadanía que en caso de estar ante un objeto sospechoso evitar tocar, mover y abrir el mismo e inmediatamente alertar sobre la novedad al ECU911 para la posterior activación del grupo antiexplosivos de la entidad, que está operativo las 24 horas del día.“Para poder acudir al lugar las veces que sean necesarias, no tenemos inconvenientes en que sean alarmas falsas o sean llamadas que a veces la gente encuentra ropa o alguna situación que no tiene nada que ver, la función nuestra es descartar que esa amenaza pueda poner en riesgo la vida o el entorno de las personas”, señaló el mayor Rodríguez, que además pidió colaboración a la ciudad cuando se les solicita evacuar predios o espacios por estas amenazas.En lo que va del año, en la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán) ya contabilizan 44 procedimientos con explosivos, de esos 12 han sido específicos en la destrucción de artefactos que han sido plantados en lugares públicos o viviendas y no han entrado en detonación.Según los datos policiales, los eventos se han presentado este año en espacios privados (13), viviendas o alojamientos (12), áreas de acceso público (9), entidades públicas (5), mientras en menor proporción en lugares de comercio (1) y unidades de reacción y emergencia (1).La mayoría de estas novedades se dan en sectores populares como Bastión Popular, Monte Sinaí, Flor de Bastión, Guasmo y suburbio, donde grupos delincuenciales buscan implementar estos mecanismos de ataque para generar temor y zozobra a sus oponentes y a la ciudadanía, según lo dicho por autoridades.El mayor refirió que entre el 2021 y el 2022 se ha duplicado la cifra de atenciones de eventos con explosivos. En todo el año anterior hubo 18 casos y ya en los cuatro meses de este año se suman 44, sin incluir dos nuevas alertas que se reportaron el jueves en la Unidad Judicial Penal Norte 2 y otro en el hospital Guayaquil. En los tres incidentes se descartaron las amenazas de bomba luego de la revisión de los equipos técnicos con apoyo de canes.Rodríguez consideró que la presencia de los nueve tacos de pentolita el miércoles pasado en la unidad judicial es algo inusual, ya que regularmente se han detectado granadas de uso militar o dinamitas. “Es algo muy fuera de lo común, por la cantidad y el tipo de explosivo”, comentó.Las pentolitas, así como las dinamitas, son usadas para voladuras en actividades auríferas, y sobre todo en empresas dedicadas a canteras o extracción del material y también para abrir paso en la construcción de caminos. Para adquirirla se necesita llenar una serie de formularios y tener una empresa constituida en la que se pone a consideración la actividad específica para conseguirla, refirió.La dinamita tiene un poder de destrucción similar a la pentolita.La primera se compone sobre todo del químico nitroglicerina, con una velocidad de detonación de unos 7.000 metros por segundo, mientras que la pentolita de TNT, con 7.700 metros por segundo.En los procedimientos se han detectado regularmente granadas de uso militar, tipo piña, y las dinamitas, tipo emulsen, compuestas en su mayoría por nitroglicerina. Todos estos, según el jefe policial, no son elaborados de modo casero, sino comerciales, pero llegan de manera irregular a grupos delictivos.En algunos casos, agentes han detectado que dinamitas de fábricas bolivianas ingresan por la frontera sur y también se usan otros explosivos similares de una empresa local que se dedica a la fabricación de este tipo de materiales para actividades de minería.Estos artefactos pasarían a manos de antisociales por hurtos u otras actividades ilícitas. Justamente, ello se considera con una mecha lenta, que pertenece a una firma local, y que estaba en los tacos encontrados en la unidad judicial.Por otra parte, las granadas de uso militar provienen, en algunos casos, de residuos que quedan de grupos subversivos como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). (I) El pasado jueves, la Policía informó sobre la detención de tres personas capturadas por delito de terrorismo por este caso. Dos ciudadanos, Ariel P. y Kléber P., presuntos integrantes de los Chone Killers, recibieron prisión preventiva, mientras que un menor de edad esperaba la resolución del juez por su condición de menor hasta la tarde de ese día.El delito de terrorismo es sancionado con penas de diez a trece años de privación de libertad, según el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)

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