La muerte de la abogada María Belén Bernal genera un debate sobre si este caso puede ser considerado o no como un crimen de Estado, sobre todo porque los hechos tienen como escenario la Escuela Superior de Policía y han trascendido omisiones y fallas en controles, reconocidas por el propio ministro del Interior.

“Esto es un crimen de Estado. Ella murió dentro de la Escuela Superior de la Policía”, es como ha señalado Elizabeth Otavalo, al asesinato de su hija María Belén.

Otavalo ha pedido a las universidades que apoyen en la investigación del caso, por considerar que este salpica a la Policía.

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Desde la visión de los juristas, hay que aclarar cuál es la definición de crimen de Estado para saber si este caso entra en esa denominación.

¿Qué tan comprometido está el Estado en el caso de María Belén Bernal? Especialistas aseguran que se deben hacer cambios estructurales

Según el concepto teórico de Raúl Zaffaroni, referente mundial del Derecho Penal, “el crimen de Estado es un delito altamente organizado y jerarquizado, quizá la manifestación de criminalidad realmente organizada por excelencia”.

A esto se conoce como terrorismo de Estado, fenómeno que no guarda relación con las características del delito común.

El abogado penalista y constitucionalista Julio César Cueva explicó que se considera este tipo de delito cuando la estructura del Estado está organizada para violar los derechos humanos.

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Por ejemplo, las dictaduras en Argentina y Chile contaban con una estructura que desde el máximo poder (gobierno central) habían creado grupos que se encargaban de secuestrar, torturar, desaparecer personas y ejecutar extrajudicialmente ciudadanos.

“Allí se estaría hablando de un crimen de Estado porque los que administran un país se dedican a atentar contra los ciudadanos y es sobre ellos quien se atribuye responsabilidades directas”, dijo Cueva.

El cadáver de Bernal, de 34 años, fue hallado a los 11 días de reportada su desaparición en el cerro Casitagua. Ella había ingresado a la institución policial del norte de Quito el 11 de septiembre para visitar a su pareja, el teniente Germán Cáceres, quien ahora es el principal sospechoso del asesinato.

Para el jurista, con el caso de Bernal, se debe de separar lo que es un crimen de Estado de lo que implica la responsabilidad estatal en la que sí está inmersa el Gobierno. En ese sentido, dijo que el camino que se debe tomar desde el Ejecutivo es investigar, sancionar, reparar a las víctimas y aceptar que miembros de la entidad estatal tuvieron roles dentro del hecho.

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El 21 de septiembre, el ministro Patricio Carrillo lamentó la muerte de Bernal. Días antes había anunciado la reestructuración de escuela policial y aseguró que ‘volarán cabezas’ involucradas en la desaparición de la abogada.

Este viernes 23, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció por Twitter que solicitó a los mandos policiales poner sus cargos a disposición, presentando sus respectivas bajas. “El Gobierno Nacional valorará su permanencia en la institución”, escribió.

“El Estado sí tiene la obligación de reparar los daños causados por las personas que tienen la obligación de cumplir con su deber que es cuidar”, señaló la abogada penalista Mónica Vargas.

A criterio de la jurista, otro tema que se puede discutir es si la responsabilidad del Gobierno ecuatoriano es directa o indirecta. “Directa puede ser cuando es el Estado, la administración, quien causa el daño. En este caso, eso es lo que podría entrar a discusión, si la responsabilidad es directa o indirecta, pero no se entra a discutir si hay crimen de Estado o responsabilidad de Estado”, anotó.

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Vargas afirmó que en lo que se debe avanzar es en las acciones de protección a las víctimas y en los cambios estructurales para que no se susciten nuevamente estos escenarios. (I)