El ministro del Interior, John Reimberg, anunció a través de su cuenta de X que, durante la quinta jornada del toque de queda, la Policía Nacional “realizó un gran golpe contra la economía criminal”.

En una primera publicación, en la red social X, el ministro informó que se logró “desarticular a una organización responsable de movimientos mayores a los $ 800 millones vinculados a grupos delictivos, especialmente a Los Choneros”.

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Reimberg afirmó que esta “afectación importante” sigue en desarrollo y que durante las primeras horas de la mañana serán presentados los resultados.

“Pensaron que iba a quedar en la impunidad, y que iban a poder ocultarnos lo que estaban haciendo a través de la fachada que tenía. Pero hoy, eso queda atrás. Han sido desarticulados, tenemos detenidos, y durante las primeras horas de la mañana realizaremos la presentación del caso para que todos puedan conocer”, concluyó el ministro.

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El anuncio de Reimberg llegó tras la culminación de la quinta jornada del toque de queda, medida que rige desde el pasado 15 de marzo y se extenderá hasta el 30, y que fue implementada para combatir el crimen organizado.

Luego, en rueda de prensa, en horas de la mañana, el ministro amplió detalles de esta importante operaciones y se actualizaron las repercusiones económicas de esta red.

El operativo dejó 11 personas detenidas, entre ellas un mayor de la Policía en servicio activo. Las intervenciones se realizaron de manera simultánea en varias provincias.

El grupo desarticulado fue vinculada a la organización criminal Los Choneros, que habría movilizado más de $ 1.700 millones dentro del sistema financiero.

Dentro de este esquema operarían múltiples compañías vinculadas entre sí, que transferían dinero de manera constante.

Según las indagaciones, la estructura estaría liderada por el ciudadano estadounidense Richard V., quien junto a su entorno familiar habría conformado un entramado de empresas en sectores como transporte, alimentación, producción y seguridad privada.

Algunas mantenían relaciones directas con empresas asociadas a alias ‘Fito’, mientras que otras canalizaban recursos a través de La Fattoria, una empresa que ofrecía servicios de comida incluso en prisiones.

Los registros analizados revelan que los movimientos entre personas naturales superaron los $ 178 millones, mientras que entre personas jurídicas se transfirieron más de $ 1.700 millones entre 2015 y 2025.

Según Reimberg, entre las empresas bajo investigación figura también una firma embotelladora (Queen Water), vinculada a Inda P., la esposa de Adolfo Macías, alias Fito, quien permanece prófuga.