El Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal, propuesto por el presidente Daniel Noboa, responde, entre otras cosas, al alarmante incremento de delitos como extorsión, secuestro y secuestro extorsivo, que han fortalecido las estructuras de grupos armados organizados en los últimos años, según datos del Ministerio del Interior.
Este proyecto, detallado en un documento de 31 páginas, fue calificado como urgente en materia económica por el presidente Noboa, quien lo remitió a la Asamblea Nacional.
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El documento destaca que las economías criminales, que incluyen narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, contrabando de armas, tráfico de personas y extorsión, son el motor financiero de estos grupos.
Estos recursos les permiten adquirir armamento sofisticado, reclutar miembros, sobornar funcionarios y desafiar la autoridad del Estado, afectando derechos fundamentales como la libertad, la integridad y la seguridad económica de los ciudadanos, señala el texto.
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Según el Ministerio del Interior, los delitos de extorsión han experimentado un crecimiento exponencial entre 2022 y 2024. En 2022 se registraron 6.651 casos, que se dispararon a 17.597 en 2023 (un aumento del 164,6 %) y alcanzaron 20.293 en 2024 (15,3 % más).
En total, los casos se triplicaron, con un incremento acumulado del 205,1 % en tres años. Para 2025, hasta abril, se reportan 4.569 casos, reflejando una disminución significativa, atribuida a las acciones gubernamentales.
En cuanto al secuestro, los casos crecieron de 713 en 2022 a 1.372 en 2023 (92,4 % de aumento) y a 2.095 en 2024 (52,7 % más), acumulando un 193,8 % de incremento en dos años. Para 2025, la cifra parcial es de 692 casos, lo que muestra una reducción notable.
Por otro lado, el secuestro extorsivo, una fuente clave de ingresos ilícitos para las organizaciones criminales, pasó de 581 casos en 2022 a 1.146 en 2023 (97,3 % de aumento) y a 1.457 en 2024 (27,1 % más), con un crecimiento acumulado del 150,7 %. En 2025 se registran 417 casos, también con una disminución significativa.
Daniel Noboa envía su primer proyecto de ley económico urgente para la nueva la Asamblea Nacional
Sebastián Casañas, experto en seguridad, considera que endurecer las penas para delitos como extorsión y secuestro es necesario. “Las penas deben ser más severas con un mínimo de 20 años sin beneficios penitenciarios para desincentivar estas prácticas. Sin embargo, el problema de fondo es la impunidad. Solo un bajo porcentaje de los casos de extorsión llegan a una sentencia condenatoria debido a la corrupción y la ineficiencia judicial”, manifiesta.
Casañas recomienda además fortalecer la inteligencia policial para desmantelar redes criminales antes de que actúen e implementar un mejor rastreo financiero para cortar el flujo de dinero ilícito.
“La Policía debe priorizar operaciones encubiertas y coordinarse con las Fuerzas Armadas en zonas críticas como Guayas, Manabí y Esmeraldas, donde estos delitos están más arraigados”, añade.
El proyecto de ley busca establecer un régimen jurídico especial con medidas financieras y de seguridad para desarticular las economías criminales.
Entre las propuestas están penas de 22 a 26 años de prisión para miembros de grupos armados organizados y de 26 a 30 años para sus líderes, así como el uso inmediato de armas incautadas por la Policía y las Fuerzas Armadas. También se plantea la creación de zonas de seguridad en áreas críticas como Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro, donde se concentran la mayoría de estos delitos.
A pesar de la reducción de casos en 2025, el Gobierno sostiene que la persistencia de estas actividades criminales requiere una respuesta integral que combine acción policial, militar y reformas legales.
La Asamblea Nacional tiene 30 días para analizar y aprobar esta iniciativa, que busca frenar el impacto de las economías criminales en la estabilidad del país.
Para Telmo García, militar retirado, el endurecimiento penal por sí solo no resuelve el problema.
“Aumentar las penas puede tener un efecto disuasorio limitado si no se ataca la raíz socioeconómica de estos delitos. Muchos extorsionadores y secuestradores son reclutados por grupos criminales en contextos de pobreza y falta de oportunidades”, explica.
García sugiere que la Policía adopte un enfoque preventivo al incrementar la presencia en comunidades vulnerables y desarrollar programas de reinserción para jóvenes en riesgo.
Además, propone mejorar la capacitación de los agentes en técnicas de manejo de crisis para reducir la violencia en casos de secuestro.
“Es crucial que la Policía trabaje con la Fiscalía para garantizar investigaciones rápidas y efectivas, ya que la lentitud judicial fomenta la reincidencia”, afirma. (I)