Hay 900 policías procesados a nivel nacional por su accionar en el cumplimiento de su trabajo

Dos víctimas colaterales murieron días atrás en Guayaquil tras ser alcanzados por balas en medio de enfrentamientos en los que intervinieron policías.Amalia perdió la vida tras casi dos semanas de haber recibido un tiro en el centro de Guayaquil, cuando un policía de civil intentó detener a unos sacapintas afuera de un banco. Al día siguiente, Sebastián, de 11 años, murió en una cafetería del Barrio del Centenario en medio de una balacera entre un policía y un ladrón.Esto ha ocasionado todo un debate sobre el protocolo seguido en estos casos, el uso progresivo de la fuerza y los procesos que deben enfrentar los uniformados. En los recientes casos, las familias dijeron que denunciarían por homicidio culposo a los policías, porque consideran irresponsable que hayan accionado sus armas en medio de la gente.El presidente Guillermo Lasso anunció que indultará a los policías procesados en el cumplimento de su trabajo.Cientos de miembros de la institución esperan ser beneficiados por este ofrecimiento del primer mandatario, pues solo en la Zona 8 hay cerca de 600 policías que se enfrentan a procesos judiciales. A nivel nacional serían más de 900 casos.El jefe del Departamento de Defensa Institucional de la Zona 8, mayor Byron Osejo, mencionó que entre cinco abogados que conforman el departamento defienden a muchos de los compañeros que han sido denunciados.Osejo explicó que defenderán a los policías cuestionados días atrás, porque habrían actuado según el protocolo policial, es decir, aplicaron uso progresivo de la fuerza: se identificaron (verbalización), pidieron a los delincuentes detenerse y dispararon como defensa ante las balas de los ladrones.Sin embargo, Osejo sabe que la defensa, de llegar a los tribunales, no será tan fácil como parece.“Yo como abogado institucional puedo llegar ante un estrado y decir: ‘Yo protejo a los policías con un reglamento’, cuando el abogado de la otra parte me va a sacar una ley orgánica (COIP) que va a tener mayor peso”, aseveró el funcionario, que aseguró que el servidor policial necesita una norma, porque actualmente “tenemos un ordenamiento jurídico blandengue que no protege al policía en su accionar”.Ante esta situación, el abogado institucional espera en los próximos días presentarse ante el pleno de la Asamblea para pedir que el reglamento (Ley para el Uso Progresivo de la Fuerza) en el que se basa el trabajo policial sea elevado a ley orgánica.“Yo realicé una encuentra a 300 servidores policiales para saber a qué más le temen en el momento de usar el arma. El 70 % de los encuestados dijo que le temen al juez y a la administración (asuntos internos), por encima de perder la vida, quedar lesionados o enfrentarse a represalias posteriores. Los policías necesitan sentirse respaldados”, explicó Osejo.El mayor sostuvo que se han dado casos en los que los uniformados han tenido que pagar por el muerto; como si fuera un caso de tránsito, han llegado a arreglar con la familia, y para eso han tenido que hacer préstamos elevados. Todo por recuperar la libertad y no perder sus carreras.Representantes de la Facultad de Derecho y del Consultorio Jurídico UEES se reunieron con generales de Policía días atrás para coordinar el patrocinio legal al gendarme que estuvo en el suceso que terminó con la vida de un niño en un local del Centenario.Juan Manuel Guzmán, defensor del Policía acusado por el fallecimiento del menor de edad, junto con el rector de la UEES y autoridades locales, sostuvieron este martes un diálogo sobre el apoyo legal que se le brindará al servidor policial involucrado en el mortal incidente.“Me han solicitado que junto con la Universidad le brinde un soporte legal al funcionario que estuvo presente en el lastimoso evento en el que resultó fallecido un menor de edad. Como profesor del área penal, por supuesto, que he aceptado colaborar en todo lo que tenga que ver con la defensa del miembro policial”, declaró Guzmán, ahora abogado patrocinador del Policía acusado.¨Estaba ahí, hizo lo que cualquier policía en su sano juicio hubiese hecho. Quiero solidarizarme con todas las personas que estuvieron presentes ahí, el enemigo común que tenemos hoy en día, es el delincuente. La policía no puede ser la persona atacada por lidiar en un acto que generó consecuencias imprevistas no deseadas”, señaló Guzmán. El origen de la bala, en análisis El jurisconsulto comentó que hasta el momento no se puede concluir cuál fue la bala puntual que terminó con la vida del menor. Además, añadió que el delincuente comenzó con los disparos y el policía reaccionó a los tiros, aún no se ha determinado cuál de los disparos fue el que impactó y le quitó la vida al menor de 11 años.Álex Castro, agente del departamento de defensa institucional de la zona 8, dijo que su compañero lo que hizo fue velar por la seguridad ciudadana y el orden público. “Hay que tener claro que la Policía Nacional no sale a matar, sale a proteger a su ciudadanía, el servidor policial en uso de sus facultades actuó conforme lo establece el acuerdo ministerial 3472 de su artículo 12 lo que es el uso progresivo y adecuado de la fuerza”, dijo.El agente policial involucrado se encuentra, por el momento, trabajando normalmente. (I)

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