Un juzgado de Quito convocó a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, y a otras diez personas de su círculo familiar a una audiencia de vinculación por lavado de activos el 29 de agosto de 2025.
La diligencia, programada a las 09:30 en el Complejo Judicial Norte, aborda el caso Blanqueo Fito, que involucra $ 24 millones de origen ilícitos manejados entre 2016 y 2024.
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La Fiscalía busca incluir a familiares y empresas ligadas al cabecilla de Los Choneros que fue extraditado a Estados Unidos.
Entre los convocados están los padres, hijos y cuñados de Fito, además de cuatro compañías. La audiencia determinará su implicación en la red de blanqueo.
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La Fiscalía General del Estado pone a José Adolfo Macías Villamar como la cabeza de la red que habría canalizado millones de dólares a través de cuatro empresas: una de limpieza, una ferretería, una embotelladora de agua y otra de transporte pesado.
Inicialmente, el 2 de junio, la justicia vinculó a Inda P., esposa de Fito, y Verónica B., su pareja sentimental. También se implicó a Yandry M., hermano del acusado.
Ahora, la investigación se expande a un grupo más amplio de familiares y socios. Los padres de Fito, Ramón M. y Violeta V., figuran entre los citados, junto con su hermano Ronald M.
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La lista incluye a sus hijos, Michelle M. y Jair M., y a sus cuñados Irene P., Julio P. y Angie B. Además, la Fiscalía apunta a Jorge P. y Ángel B., vinculados a la red familiar.
Dos empresas de ferretería y embotelladora de agua enfrentan escrutinio por su presunto rol en el supuesto blanqueo de activos.
En la audiencia presencial evaluará pruebas para la vinculación de ellos en el proceso. La investigación señala que las operaciones ilícitas se estructuraron a través de transferencias y actividades comerciales fachada.
Por ejemplo, la empresa de limpieza, representada por Inda P., habría servido como vehículo para legitimar fondos.
José Adolfo Macías Villamar, extraditado recientemente a Estados Unidos, enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de activos. Su papel en Los Choneros, una de las bandas más poderosas de Ecuador, lo convirtió en un objetivo prioritario.
La Defensoría Pública también asumirá la representación de quienes carezcan de defensa privada, según el artículo 191 de la Constitución. Este mecanismo asegura que todos los implicados tengan representación legal. (I)