Evaluación interna y periódica de servidores, sanciones y coordinación entre fiscales y Policía, las propuestas ante cuestionamientos por liberación de aprehendidos con medidas alternativas

“Cuando van a la audiencia, les mandan libres, les mandan libres. El fiscal no pone cargos, imagínese, con evidencias. ¿Ya qué pasa?, ¿De qué lado están? ¿De qué lado están, señores? ¿De qué lado están?, ¿Están para la seguridad o están con los corruptos?”.Esas fueron parte de las expresiones de un indignado Wilson Torres, jefe de la Policía del distrito Quevedo-Mocache, captadas en un video viralizado el fin de semana en redes sociales.El uniformado cuestionó así el accionar de un fiscal de Quevedo quien, según dijo, no formuló cargos en contra de dos hombres detenidos el jueves 30 de junio con droga, en la ruta del río Quevedo. En esa operación participó incluso personal de Quito, tras dos meses de investigación, se indicó.Dicho cuestionamiento a ciertos fiscales y, en general, al sistema judicial se ha dado también en el resto del país y de manera recurrente. Una de las críticas con más eco se dio el mes anterior, cuando por decisión de un juez, que dictó medidas cautelares, 18 personas quedaron en libertad tras haber sido aprehendidas con armas y dinero, después de un tiroteo en el sector de La Aurora, parroquia de Daule.El gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, denunció por presunto prevaricato ante la Fiscalía del Guayas al juez José Torres.La inconformidad con la administración de justicia llegó a tal nivel que en junio el Municipio de Guayaquil planeaba difundir en vallas publicitarias los nombres de fiscales y jueces de algún caso conjuntamente con el rostro de los detenidos, sin embargo, luego el cabildo reculó en esa iniciativa por seguridad de los procesos de investigación.La cara de los aprehendidos sí se difunde en la urbe.El domingo anterior, en Manta, provincia de Manabí, un hombre fue detenido con drogas 14 días después de haber quedado en libertad, ya que un juez le dio medidas sustitutivas por el mismo delito.Lo ocurrido en Quevedo lleva a preguntarse ¿qué pasa con el sistema de justicia?Antonio Gagliardo, exfiscal provincial de Guayas, cree que, en este caso, tal como lo denuncia la Policía, el funcionario debió formular cargos e iniciar instrucción fiscal al tratarse de un aparente delito transnacional de drogas.Considera necesario que, a manera de prevención, la Fiscalía evalúe internamente a sus funcionarios y si se detecta alguna irregularidad en la actuación de determinado servidor se ponga inmediatamente en conocimiento del Consejo de la Judicatura (CJ).“Que la Fiscalía tenga un departamento que vigile el accionar de los fiscales, que recoja quejas de la Policía y si detecta que hay irregularidades de ese funcionario inmediatamente lo ponga en conocimiento del Consejo de la Judicatura, haga el seguimiento y busque sancionar”, refirió Gagliardo.El exfuncionario sostuvo que en la medida en que los fiscales noten que hay sanciones para quien actúa incorrecta o ilegalmente, los servidores actuarán apegados a derecho.Actualmente, mencionó, solo si alguien se siente perjudicado por el accionar de algún servidor recurre al fiscal provincial, se hace un informe y si hay anomalías se lleva el proceso a la Judicatura.“Pero también debe haber, yo creo, dentro de la Fiscalía una unidad de ir a las audiencias, escuchar, de reunirse también el fiscal provincial con los policías, los jefes policiales y conversar con ellos. Escuchar sus quejas, si algún funcionario está actuando mal en una unidad, para cambiarlo”, expresó Gagliardo.Héctor Vanegas, concejal de Guayaquil y exfiscal, también es partidario de que haya sanciones a funcionarios que incurren en malos procedimientos para sentar precedente y que las malas actuaciones no se repitan.“Resulta escandaloso que habiendo pruebas suficientes los fiscales decidan no formular cargos y permitan que las personas detenidas en flagrancia recuperen su libertad (…) aquello debe corregirse, porque de esta forma lo que se está haciendo es simplemente facilitando la impunidad”, expuso el edil porteño.Sobre el caso de Quevedo, Joselito Argüello, exfiscal, observó que no hay respeto al principio de independencia interna y externa por parte del jefe policial, ya que no tiene capacidad jurídica para opinar sobre decisiones de corte investigativo.“Lastimosamente nosotros vivimos en una época donde se está aplicando el populismo penal y el tema mediático es el que determina cuál accionar es bueno y cuál accionar es malo dentro del ámbito de acción de los operadores de justicia”, manifestó el jurista.No obstante, sí considera que el fiscal debe responder disciplinaria o administrativamente, en caso de que se determine que su proceder no estuvo apegado a la ley.En medio de las críticas al sistema judicial por ciertos casos surgen también contradicciones entre las instancias. Al menos eso se percibió este lunes cuando la Corte de Justicia y la Fiscalía del Guayas aclararon, a través de sus cuentas en Twitter, que los detenidos el fin de semana por la Policía en el sector de Pascuales, en Guayaquil, no tendrían relación con el crimen de la esposa y la hija de un uniformado de la Zona 8.Inicialmente en la cuenta de la Fiscalía se informó que los procesados sí tenían relación con el caso.Robert Friend, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Espíritu Santo (UEES), señaló que el problema en la administración de justicia se debe a dos situaciones: la falta de recursos para mantener el sistema judicial de forma óptima, permitiendo la incorporación de más jueces, fiscales y secretarios, así como una verdadera implementación tecnológica.La segunda, dijo, se da por la necesidad de fortalecer el régimen disciplinario que se ha visto afectado por la sentencia n.° 3-19-CN/20 emitida por la Corte Constitucional, la cual, en defensa de la independencia judicial, le dio “rienda suelta” a los problemas que son notorios en la actualidad.“Es decir, a los casos en donde se observan graves decisiones adoptadas por jueces y fiscales que dejan en libertad a delincuentes, lo cual atenta no solo contra los valores jurídicos sino que abusan de ciertas garantías consagradas en la ley, para luego justificarse públicamente con argumentos pueriles, refutables por cualquier estudiante de derecho”, cuestionó el académico. (I)

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